Parece mentira pero en el siglo XXI todavía hay que seguir recordando los principios y basamentos sobre los que se construyó hace tantos años el Estado de Derecho: reconocimiento de los derechos individuales, principio de legalidad y separación de los poderes. Sí, el Estado de Derecho certificó el ocaso de una manera autoritaria y arbitraria de ejercer un poder que residía en las mismas manos y que se administraba férreamente sobre la vida y las haciendas de los súbditos.
Cómo es sabido, el reconocimiento de los derechos individuales de la persona, junto al principio de legalidad y a la separación de los poderes del Estado, son los pilares de esa magnífica construcción cultural que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es hoy en día, sin dudas, el solar sobre el que se asientan las modernas constituciones. Es más, la principal señal de identidad de la cultura jurídica democrática es precisamente el Estado de Derecho, un concepto alumbrado con el firme propósito de garantizar un poder limitado, el equilibrio entre el orden y la libertad, la centralidad de los derechos fundamentales de la persona, el imperio de la ley frente al capricho del gobernante y la separación real entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Renunciar a los postulados del Estado de Derecho equivale, simple y llanamente a situarse en el Estad de deshecho, en la caricatura del Estado democrático-
En la Facultad de Derecho aprendimos que la función del juez es la de resolver los conflictos jurídicos, que el juez es quien dice el Derecho, lo que es o no adecuado al Ordenamiento jurídico. Pues bien, en un arrebato de autoritarismo nos encontramos, por ejemplo en un mi país, con que un ente público no judicial va a poder limitar esencialmente el ejercicio de un derecho fundamental como es el de libertad de expresión. La cosa es grave, muy grave porque la lucha por el Derecho nos llevado durante largos años a intentar embridar la tendencia del poder a la arbitrariedad y ahora resulta que se permite a un ente público el ejercicio de una obvia facultad judicial. Es decir, volvemos a la concentración del poder y a la condena al silencio del disidente, del que se expresa libremente. Es un retroceso que un jurista no puede dejar de censurar porque no es de recibo que tras tanto tiempo de lucha por las libertades ahora nos topemos con esas nuevas manifestaciones de ese pensamiento único que todo lo invade, que todo lo controla, que procura condenar al ámbito de la conciencia el ejercicio de un derecho humano básico como es el de opinar libremente.
Si se considera que el ejercicio de la libertad de prensa, por ejemplo, escapa de las leyes o del orden público, lo procedente en la democracia es ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial para que ésta se pronuncie sobre si adecuación o no al Ordenamiento jurídico. Pero si, por el contrario, se autoriza a que los entes públicos a ser jueces y parte de una controversia en materia de derechos fundamentales, entonces, lisa y llanamente, estamos atropellando la separación de poderes. Y esto, si se tolera, constituye la antesala de la vuelta al Estado policial, a la censura y a la dictadura del pensamiento único.
Los principios del Estado de derecho, insisto, garantizan la calidad de la democracia. Cuándo se desconocen, arraiga el autoritarismo porque el poder ejecutivo suele asumir, más o menos formalmente, las riendas del mando único de la nación. Cuándo no se garantizan los derechos humanos, comenzando por el de la vida, entramos en la peligrosa senda de la arbitrariedad, que como decía LOCKE es la ausencia de la racionalidad. Cuándo se desconoce el principio de legalidad y se gobierna a golpe de decretos, se está en la antesala de la dictadura.
En España, si prosperan entes públicos a los que se les atribuye facultades sancionadoras en materia de prensa se estará liquidando el pluralismo para abrir el camino a esa moda del pensamiento único, que es, sin embargo tan antigua como el deseo del gobernante autoritario por controlarlo todo manipulando al pueblo, al que se maneja como a una marioneta, de un lado a otro a base de consumismo insolidario: la gran pócima del nuevo autoritarismo.
En fin, el grado de asentamiento de los valores de la cultura jurídica occidental obliga a que en la redacción de las constituciones se tengan presentes, como puntos de partida inexcusables, las principales coordenadas del Estado de Derecho: reconocimiento de los derechos de la persona, separación de los poderes y principio de legalidad. |
