 Días atrás, el 3 de mayo, se celebró en todo el mundo el día dedicado a la libertad de prensa, una de las expresiones más importantes de la libertad de expresión. Se trata de un derecho fundamental que en las democracias tiene una especial trascendencia en la medida que garantiza una opinión pública abierta y plural, lo que no siempre acontece por muy variadas razones. Unas veces porque el poder no tolera el pluralismo, otras veces porque se permite el monopolio de algunas empresas de medios de comunicación y, en ocasiones, porque hay, por sorprendente que parezca, dictaduras, caso cubano, en la que el único medio de expresión es el propio Estado.
Estos días hemos conocido también el ranking de la FAPE sobre la situación de la libertad de prensa en los diferentes países. Con las precauciones lógicas que hay que tomar en relación con estos listados, es lo cierto que se observa, al menos en algunos países formalmente democráticos, un notable descenso en la percepción de la libertad de prensa. Las razones pueden ser de muy diversa índole, pero es prácticamente seguro que en la posición que se ocupa ha de tener alguna influencia está repentina moda de los nuevos visionarios de la democracia que han encontrado en los órganos políticos de control de la libertad de información la panacea para asegurarse la docilidad de los configuradores de la opinión pública. Bajo el paraguas de la garantía de la libertad, del fomento del pluralismo y de la salvaguarda de la opinión pública abierta, estos órganos intimidan, amedrentan y exigen una lealtad al poder propio de las dictaduras. En otras ocasiones, las restricciones a la libertad de prensa, que sólo pueden justificarse en atención al honor, a la intimidad, a la fama, a la propia imagen o a la protección de la juventud y de la infancia, se producen en virtud de decretos o normas administrativas, lo que es abiertamente inconstitucional por la sencilla razón de que los derechos fundamentales de las personas, y la libertad de prensa lo es, sólo pueden desarrollarse por leyes, no por formación administrativa, que, en todo caso, habrán de respetar el contenido esencial de esos derechos fundamentales.
Estamos en el siglo XXI. Llevamos muchos años de lucha por disponer de democracias abiertas en las que la persona sea el centro del sistema. El poder, según los postulados del Estado de Derecho, ha de ejercerse en el marco de la ley. Se han terminado los caprichos del monarca o del gobernante como fuente de derecho. Se habla y se predica por doquier de la necesidad de mejorar la separación de poderes. Se insiste, con ocasión y sin ella, en la necesidad de racionalizar y limitar el poder público. Muy bien, todo eso está muy bien. Pero estaría mejor que a la par que se enarbolan tantas banderas, abstractas y genéricas, sobre la defensa de las libertades, se reaccionara firmemente ante tanto atropello, ante tanto ejercicio del poder de forma arbitraria.
La libertad de prensa es una de las principales libertades que permiten asegurar que habrá pluralismo en la sociedad. ¿Qué podría pensarse de un país en el que sólo saliera a la luz lo que le interesa al gobernante?. ¿Qué podría pensarse de una sociedad en las que sólo tiene acceso al espacio de la deliberación pública quien se arrodille ante el poder?. ¿Es que no vale la pena fomentar la posibilidad de que todas las maneras de pensar, de que todas las opiniones, puedan estar presentes en la opinión pública?.
Si estamos de acuerdo en que la principal tarea del Estado social y democrático de derecho reside en la promoción de las libertades para todos, entonces también deberíamos convenir en que el Estado tiene la obligación de asegurar que todas las opciones respetuosas con los derechos humanos puedan estar presentes en la opinión pública.
En definitiva, cuando los gobernantes se obsesionan con la libertad de prensa es o porque tienen una elevada sensibilidad ante el pluralismo y quieren propiciarlo, algo no muy frecuente en este tiempo, o porque les molesta la crítica o la difusión de ideas y pensamientos que no concuerdan con los suyos. Desde luego, cuánto menos se regule la libertad de expresión, mejor. |
