En el capítulo III titulado “De los Principados Mixtos”, de la clásica obra de Nicolás Maquiavelo: “El Príncipe”, puede leerse la siguiente recomendación: “El príncipe que adquiere una provincia, cuyo idioma y cuyas costumbres no son los de su Estado principal, debe hacerse allí también el jefe y el protector de los príncipes vecinos que sean menos poderosos, e ingeniarse para debilitar a los de mayor poderío”. Esta cita y el capítulo en su integridad, dio lugar a que se escriban miles de páginas y constituyó una de las más estudiadas en el mundo de la política, dando lugar a que se acuñe una expresión sumamente famosa: “dividir para reinar”.

Por supuesto fue expresada en una época y en una zona en la que las fronteras cambiaban con frecuencia y en la que el poderío se lograba con la conquista de territorios que era necesario someter. Sólo anexando provincias los Príncipes serían más poderosos. Incluso, Italia no se había aún consolidado como una Nación, permaneciendo dividida en diversas regiones cuyo poder se repartía entre familias rivales entre sí.

En este marco, el consejo de debilitar a los poderosos, que en aquella época eran los gobernantes, parecería que se trata de poner en práctica en el Ecuador, aunque con unas combinaciones verdaderamente inquietantes.

Veamos brevemente la estrategia. Que el Ecuador es una nación diversa no resiste el menor análisis, al punto de que la propia Constitución señala en el artículo 3 que es deber primordial del Estado “Fortalecer la unidad nacional en la diversidad”. Esta diversidad no es, sin embargo, y como podría pensarse, únicamente en cuanto a los territorios, sino y especialmente en cuanto a los pueblos y sus culturas. En definitiva, en cuanto a su gente. Por eso es que otro artículo de la Constitución, el 23, señala claramente que las personas tienen derecho a que el Estado les reconozca la igualdad ante la ley, lo cual les debe proporcionar el goce de los mismos “derechos, libertades y oportunidades”, sin que se permita ningún tipo de “discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier índole”. Discriminar, según el Diccionario de la Lengua Española, significa “seleccionar excluyendo, dar trato de inferioridad a una persona o colectividad…”. Lo que la Constitución prohíbe, en consecuencia es un trato discriminatorio entre las personas y pueblos y evidentemente, lo que ordena es fortalecer la unidad nacional en la diversidad.

¿Está fortaleciendo el gobierno la unidad nacional en la diversidad? Me parece que no. Y lo que es peor, me parece que está utilizando como estrategia la división de los ecuatorianos.

¿Ejemplos? Veamos. Nada extraordinario ocurría en Guayaquil hasta hace pocos meses con respecto al orden impuesto para la circulación de vehículos interprovinciales a través del denominado Puente Alterno Norte. El orden impuesto era perjudicial para el gobierno, por lo cual era necesario confrontar. La fórmula utilizada fue afirmar que los transportistas de servicio público interprovincial tenían derecho a ingresar a Guayaquil por otra vía, es decir, por el Puente Rafael Mendoza Avilés. De este modo se provocaba el enfrentamiento entre los habitantes de Guayaquil y de cantones aledaños, Durán, Milagro, Samborondón, por citar tres, y los habitantes de otras provincias que en virtud de las declaraciones gubernamentales, consideran tener derecho para ingresar a la ciudad por el lugar que autoridades del gobierno nacional consideran adecuado para lograr precisamente el enfrentamiento. De este modo se logró un primer conflicto entre ecuatorianos: de una parte los “locales” y de otra parte los “foráneos”.

Luego, el mismo hecho, provocaba un enfrentamiento entre los usuarios de transporte público y los usuarios de transportes privados. La tesis que se sostiene es que el transporte público tiene privilegios. Esta vez el enfrentamiento propiciado es entre quienes tienen vehículo propio y quienes deben usar vehículos públicos. La pregunta que salta a la vista es ¿quién debe tener privilegio? La respuesta es muy simple: ninguno. Por ello es que se establecen las competencias locales, que las tienen todos los municipios del mundo, para decidir, entre otras cosas,  el uso de sus calles. Por tanto, no se trata de privilegios ni de discrimen. Se trata de orden. No existe lugar para todos y en esa búsqueda del orden, es necesario establecer mecanismos para mantenerlo, sin llegar al enfrentamiento. Las desacertadas declaraciones gubernamentales buscaban aún otro objetivo. Con un mismo hecho, el uso del puente, se propiciaba un nuevo enfrentamiento, esta vez el de la derecha contra la izquierda. Claro, se entiende por derecha en el lenguaje del gobierno, el poder económico y por izquierda, la pobreza del pueblo. Claro que este lenguaje se transforme cuando se trata de encasillar a los miembros del gobierno que, siguiendo la definición gubernamental,  siendo de derecha aparentan ser de izquierda. Son los llamados en el lenguaje popular “rabanitos” (no coloraditos), es decir, aquellos que mostrándose rojos por fuera son en realidad blancos por dentro. Si no lo creen, pregunten dónde vive la mayor parte de ministros del régimen; qué vehículos tienen; en qué colegios estudian sus hijos; qué tarjetas de crédito tienen; en qué colegios estudiaron; qué países del exterior han visitado en vacaciones, etc. No nos engañemos, una cosa es el discurso, otra la realidad.

Pero el enfrentamiento no termina allí. Luego de atacar y de insultar a los medios de comunicación y de llamar “gordita horrorosa” a una notable periodista, necesitaba provocar el enfrentamiento al interior de los medios. ¿Cómo? Acusando a los medios de pagar muy mal a los periodistas. Con ello, los periodistas de tropa, es decir, los de la calle, los que cubren las noticias en el día a día, probablemente sentirían que por fin un gobierno se preocupa por ellos y que les permite sentir como solidaria la crítica hecha a los dueños de los medios. Si embargo, la crítica queda en eso. ¿Qué medida ha adoptado el gobierno para que los medios de comunicación  paguen más a sus periodistas? Ninguna, ya que la estrategia es mantener la división.

Como la cadena enfrentamientos debe continuar, esta vez se la provoca entre pescadores artesanales, mintiendo escandalosamente en cuanto al número de familias de pescadores (no tenemos en el Ecuador 200.000 familias de pescadores artesanales y por supuesto no todos se dedican a la captura de aletas de tiburón), explotados por comerciantes inescrupulosos que se llevarán las aletas al Asia, lugar en que lograrán millonarias ganancias no comparadas en modo alguno con la miseria que se paga localmente por este producto,  y los ambientalistas y personas que exigen una explotación racional dentro del sector pesquero.

Por supuesto otro de los enfrentamientos buscados es el que tiene como destinatarios a los pelucones, término que tiene su origen en Chile, país en que se lo utilizó para denominar a los conservadores, en tanto que a los liberales se los conocía como los pipiolos. El término no denota únicamente en el uso gubernamental un trato peyorativo a quienes viven en Samborondón, lo que implica una asociación económica, sino y evidentemente a la tendencia de derecha.

Finalmente, el enfrentamiento con el alcalde de Guayaquil obedece a la misma estrategia. Debilitar a quien tiene la mayor aceptación nacional como alcalde y buscar que el 92% de ciudadanos se divida al obligarlo a tomar decisiones controvertidas que pueden afectar a parte importante de la población. Incluso, la división se produce entre quienes quisieran un alcalde combativo y violento, y aquellos que aplauden la forma como ha manejado las provocaciones.