El argumento esgrimido por el Gobierno Venezolano para no renovar la concesión a la televisora privada RCTV resulta inaceptable dentro de cualquier sistema democrático.
Un país en donde se coarte el derecho de opinión y expresión es campo fértil para la germinación de sistemas despóticos y autoritarios. ¡Alerta ciudadanos! Las grandes dictaduras suelen vestirse de aparentes ropajes constitucionales.
Por el derecho a la libertad de expresión podemos expresar nuestros propios pensamientos (dimensión individual), así como buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índoles (dimensión social).
La libertad de expresión no se agota en el simple reconocimiento teórico de hablar y escribir, sino que comprende, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio de comunicación con el fin de difundir las más diversas informaciones y opiniones a la mayor cantidad de personas posibles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, 2004 ha dicho que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho a expresarse libremente.
El fin perseguido por Hugo Chávez con el cierre de RCTV es claro. Eliminar críticas y disidencias. Y más allá de esto, privar de los medios de comunicación a cualquier grupo social que ejerza control sobre las actuaciones del gobierno y que tenga una ideología diferente a la del Presidente.
La libertad de expresión no sólo debe garantizarse para aquellas opiniones e informaciones que son recibidas favorablemente, ni sólo para aquellas que puedan considerarse como inocuas o indiferentes, sino también para las que puedan resultar ingratas, molestosas o chocantes al Estado o a cualquier sector de la población. Como dijo la CIDH tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática.
Lo único que podemos obtener de la pretensión de Chávez de callar a los disidentes y sus críticas es la catastrófica ausencia de control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública. Es sólo a través de ésta que se puede fomentar la transparencia de las actividades estatales y promover la responsabilidad de los funcionarios públicos. |
