Llámeselos centros de rehabilitación social, penitenciarías o cárceles, los espacios físicos reformatorios creados para la reinserción de los individuos que cumplen penas ahí dentro, no podrían estar más alejados de su propósito original. El tiempo ha demostrado a los gobiernos latinoamericanos y a sus sociedades que las prisiones son "la central de trabajo de la delincuencia", como bien lo afirmó el Gobernador del Guayas, Camilo Samán.
Durante aproximadamente 20 años Guatemala vivió las consecuencias de una prisión donde los reos gobernaban bajo sus propias reglas, desconocían la autoridad y las decisiones del Director del penal, construían casas en su interior, establecían negocios e incluso designaban “democráticamente” un presidente propio, creando una historia política paralela a la que existía fuera de los barrotes. El primer mandatario del Comité de Orden y Disciplina (COD) de la cárcel de Pavón (denominación oficial de la cárcel) fue Tomás García -sentenciado por asesinato- cuya oficina estaba ubicada a pocos metros del despacho del Director del penal y quien había permanecido en el poder desde 1996 (año en que tomó mayor fuerza el COD) hasta el 2004, pues ese año terminaba su condena y debía dejar la presidencia. Sin embargo su “gobierno” dejaba un legado: la redacción de leyes o normas de convivencia, el pago acucioso por parte de los “ciudadanos” de US$1.30 cada lunes y el reconocimiento del COD como órgano rector del penal por parte de jueces, fiscales y otras autoridades. En fin, el 2004 era año de elecciones en la cárcel de Pavón: los interesados en suceder a Tomás García estaban siendo convocados, había propaganda política en las paredes, los candidatos regalaban gorritos con insignias de su partido y los reos esperaban con expectativa el cambio de mando.
Recordemos: Pavón no era un país, era una prisión. Fue construida como las granjas penales europeas y su objetivo era beneficiarse de la mano de obra más barata: los internos. Sin embargo las intenciones se le escaparon de las manos al gobierno. Los reclusos se rebelaron en 1989 y ni la mediación de las autoridades evitó que desde entonces los prisioneros se organizaran (nace el Comité de Representantes de la Población Interna de Pavón, antecedente inmediato del COD), y empezaran a vivir bajo su auto ordenamiento, llegando incluso a vender las tierras dentro de la granja penitenciaria. Dentro de la cárcel autónoma todo parecía irreal, el taller mecánico se convirtió en el centro de operaciones de una banda que negociaba vehículos robados y el loco Batres –sentenciado a 12 años por narcotráfico y dueño de una casa de madera de dos pisos al interior de Pavón- estableció un laboratorio para procesar cocaína. Guatemala estaba en crisis carcelaria y el Estado permanecía ausente.
En Ecuador, según las estadísticas del 2003 y 2004 presentadas por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), existen 35 cárceles en 17 de las 22 provincias, siendo la Penitenciaría del Litoral la que contiene al 31% del total de la población carcelaria. El desarrollo de la vida en los centros es caótico e inhumano, la sobrepoblación es extrema y el Estado permanece también ausente. Si bien la realidad carcelaria ecuatoriana no alcanza aún los niveles de la guatemalteca, es urgente tanto la implementación de verdaderas políticas penitenciarias como la aplicación inmediata de las normas nacionales y las disposiciones internacionales vigentes.
A pesar de que la Constitución Política del Ecuador garantiza el respeto a los derechos humanos de cada uno de sus habitantes (art. 17) y asegura también la educación y capacitación de los sentenciados a fin de lograr una verdadera rehabilitación (art. 208), las autoridades hacen caso omiso del mandato constitucional y se han mantenido desentendidas (por decirlo de alguna forma) de esta realidad. Y es que basta con mencionar el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 24 de abril de 1997 sobre la situación de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco del sistema penitenciario ecuatoriano y contrastarlo con la sentencia del 7 de septiembre de 2004 en el caso Tibi, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para así comprender la desidia gubernamental a lo largo de los años. En palabras de Miguel Sarre, especialista en el sistema carcelario, [l]os centros penales son espacios utilísimos para mantener un poder político y una corrupción enorme”. Por lo tanto, si las autoridades insisten en su “silencio” es muy probable que la crisis carcelaria ecuatoriana desemboque en el nacimiento de un nuevo “Estado”.
“La República Independiente de Pavón” (como la llamaba la prensa), en las elecciones del 2004 escogió a Luís Alfonso Zepeda González -condenado por asesinato- como nuevo presidente del COD y líder del penal. Su gobierno duró dos años, pues el 25 de septiembre del 2006 en las primeras horas de la mañana, durante el gobierno de Oscar Berger, se llevó a cabo el operativo policial “Pavo Real”, cuyo despliegue impresionaría a cualquiera: la cárcel autónoma había sido rodeada por 3.086 agentes de policía que gritaban a una sola voz: “Un objetivo queremos. Un objetivo queremos.” El operativo cobró 7 vidas, se retomó el control del penal y el COD dejó de existir. Casos similares se replican en toda Latinoamérica, lo cual nos lleva a cuestionarnos ¿Es necesario llegar a estos extremos para que el Estado ecuatoriano asuma como suya la política penitenciaria? La visita del Presidente y el esfuerzo aislado del Gobernador Samán no son suficientes. |
