Estoy convencido que nuestro Presidente es un hombre inteligente, bien intencionado y, por encima de todo, honesto. Por estos motivos, me sorprende y me desilusiona cuando en declaraciones a la prensa, acepta abiertamente que ha autorizado la grabación de dos videos en los cuales aparece el Ministro de Economía con especuladores de la deuda externa y otro con el Presidente del Congreso, negociando votos para la Asamblea Constituyente.

Con la palabra WATERGATE a todos se nos viene a la cabeza el 9 de agosto de 1974 y la imagen de Nixon renunciando a la Presidencia de los EEUU frente a la presión de una inevitable censura –impeachment- por parte de la Cámara de Representantes de los EEUU, dado el avanzado estado de las investigaciones del Senado y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de obligar al Presidente a proporcionar el video de su conversación con uno de sus colaboradores en donde se tramaba ocultar todo el escándalo.

Me permito recordar un poco esos acontecimientos: El 17 de junio de 1972 la policía norteamericana apresó a 5 personas –todas relacionadas con el Comité de Reelección del Presidente Nixon, CREPP por sus siglas en ingles- que estaban intentando entrar en el edificio de Watergate para instalar micrófonos en las oficinas del partido demócrata y con esta facilitar la labor de reelección del Presidente Nixon, del partido republicano.

Cuando ocurrió el escándalo, el principal argumento de las investigaciones para acusar al Presidente, fue el conocimiento que el tenía de las ilegalidades, ni siquiera su autorización, sino su pasividad frente a esta ilegalidad. En este caso, la prensa americana y especialmente el Washington Post, a través de su famoso informante “Garganta Profunda” tuvieron una gran influencia en la opinión pública y forzaron al poder estatal a rendir cuentas a la sociedad y a tomar responsabilidad por sus actos. La prensa norteamericana defendió los valores de la privacidad y de la intimidad personal y permitió, por ende, que las grandes esferas del poder se vieran arrinconadas frente a las libertades de las personas.

La obtención de grabaciones de reuniones privadas, sin una autorización judicial, son ilegales y no constituyen una prueba válida. Así el artículo 24 numero 14 de la Constitución dice que “Las  pruebas  obtenidas  o  actuadas  con  violación  de  la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna”. Asimismo los artículos 121 y 125 del Código de Procedimiento Civil, establecen la obligación del juez de solamente tomar en consideración, “la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la Ley”. Por ende, estas grabaciones no son legales y su contenido no podrá ser considerado por el juez al momento de juzgar una eventual responsabilidad penal o civil. No podemos dejar de recordar que estas grabaciones, además de lo anterior, vulneran nuestro derecho a la privacidad e intimidad personal consagrada en el artículo 23 numerales 4, 8 y 13 de la Constitución.

En nuestro caso, el Presidente Correa ha aceptado -ya en varias ocasiones- que él ha autorizado expresamente la grabación de esas reuniones –con Abadi y con Cevallos-. Entonces, lejos del contenido de los videos, que pueden llevar a muchas interpretaciones, lo que debemos reprochar de esta actitud es el hecho de que el Presidente autorizó una ilegalidad. El Presidente autorizó que se vulneren los derechos de los ciudadanos a los que representa. Nosotros, los ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley, debemos exigir del Presidente responsabilidades políticas por esta ilegalidad. A Nixon se le obligó a hacer renunciar a dos de sus más cercanos colaboradores que habían tenido parte importantes en el escándalo de Watergate -, H. R. Haldeman, John Ehrlichman, ambos fueron luego a prisión por sus delitos-. Finalmente, el escándalo alcanzó tales proporciones que le costó inclusive su propia renuncia a la Presidencia de los EEUU.

Es hora de preguntarle al Prescíndete, ¿por qué autorizó una ilegalidad? Es hora de preguntarle al Congreso, ¿por qué no se han tomado las acciones adecuadas para investigar este atropello a la libertad? Parece que la cultura ecuatoriana, que vive del escándalo y de las coyunturas, no se ha dado cuenta que el fondo de los pativideos no es su contenido, sino la abierta ilegalidad cometida al obtenerlos. Frente a la vulneración de nuestros derechos fundamentales, solo cabe una respuesta: un rechazo profundo y enérgico frente al atropello de los gobernantes. No se trata de defender a los especuladores de la deuda, ni al Presidente del Congreso; se trata de defender el derecho de todos nosotros de tener nuestra privacidad intacta y de saber que no van a acceder a nuestra cuenta de correo electrónico sin nuestra autorización, ni tampoco van a grabar nuestras conversaciones telefónicas, o inclusive instalar cámaras de videos en nuestros hogares. No hay que ser catastrofistas, pero es necesario parar los atropellos de raíz para evitar que estos se conviertan en un hábito cotidiano y perdamos de nuevo la perspectiva de todo nuestro sistema de garantías ciudadanas. Debemos exigir entonces las responsabilidades respectivas –inclusive penales- a todos los involucrados en este atropello, de la misma manera que se hizo con el caso Watergate.