 La Constitución, como acto normativo supremo, debería ser la expresión de voluntad del pueblo, el que no sólo debe tener la libertad de elegir el sistema de gobierno que va a regir política y económicamente el Estado, sino que también debe buscar el mantenimiento de una situación de libertad de la sociedad. Para que una Constitución garantice el respeto a los derechos de los ciudadanos, es indispensable que exista un sistema claro de división de los poderes.
Latinoamérica se ha caracterizado por tener una tradición histórica de desencanto y frustración política, pese a que gran parte de su sistema normativo interno, incluyendo la Carta Fundamental, constituyen réplicas de los textos que pertenecen a sociedades desarrolladas. Esto nos haría pensar que nuestro país no necesita leyes nuevas, sino más bien hombres nuevos.
La integración supranacional debe conducir a los Estados y a este respecto, principalmente a los Latinoamericanos, que se acercan cada vez más a la imitación del modelo integracionista europeo, a preocuparse que sus Constituciones contengan una serie de regulaciones mínimas, que les permita afianzar su política interna y proyectarse con mayor seguridad jurídica al mercado extranjero.
Antes de comenzar a enunciar el contenido básico que debería tener toda Constitución latinoamericana, es importante aclarar que la aplicación de una Constitución y su permanencia en el tiempo está dada por la respuesta que aquella tenga sobre la realidad social. De modo que no necesariamente los modelos jurídicos de sociedades desarrolladas, van a funcionar siempre en sociedades como las nuestras, en donde la realidad y por tanto las necesidades son diferentes. José Martí decía que: “El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país.” Es precisamente por eso que en ciertas ocasiones, nuestro derecho y sobretodo el constitucional no es más que letra inerte, que no encuentra aplicación en nuestro medio.
La víspera de una Asamblea Constituyente, que podría cambiar el curso de la historia de nuestro país, debería hacernos primero pensar sobre cómo es el pueblo ecuatoriano y qué necesidades tiene. En el documento Puebla redactado por el Episcopado Latinoamericano en el año 1979, si definió al pueblo latinoamericano -cuyas características se enmarcan perfectamente con aquellas de la sociedad ecuatoriana- como un pueblo joven, arraigado a su tierra, unido a sus familias, solidario especialmente con los más pobres, multirracial y pluricultural; y con una tendencia innata a acoger a los demás.
Paralelamente, ve también el lado negativo de Latinoamérica como un pueblo impregnado de males crónicos: analfabetismo, desocupación, migraciones masivas e injusticia social que se reproduce también en sus relaciones internacionales e intercambios comerciales.
Todos estos aspectos del pueblo latinoamericano y de nuestra sociedad ecuatoriana no constituyen eventos casuales, sino que más bien son el producto de situaciones socioeconómicas y políticas de su historia, de tal manera que conociendo a muy breves rasgos el perfil y necesidades de nuestro pueblo, podremos proponer un contenido mínimo para las Constituciones latinoamericanas y de manera principal, para la Constitución ecuatoriana que está por forjarse, de tal manera que su Norma Fundamental le abra paso a este nueva tendencia de agrupación supranacional que está por venir:
A) Democracia más representativa: El pueblo latinoamericano-ecuatoriano deseoso de participar en la vida social y política de su país, necesita un sistema democrático que sea verdaderamente participativo y que no sólo funcione como medio electivo sino también como medio de gobierno y administración.
B) Delegación de funciones y recursos por parte del Estado a favor de las instituciones municipales y del sector privado para el mejoramiento de la atención de las necesidades de primera necesidad a los grupos marginales.
C) Aumento del número de municipalidades: El papel que juegan los municipios en las sociedades donde prácticamente se satisface en un 90% las necesidades básicas del pueblo es bastante ostensible, precisamente porque en su seno albergan un número no tan grande de habitantes que les permite conocer y atender de una manera más eficiente las necesidades de su conglomerado social; así en nuestras sociedades podríamos dar una atención más pronta y prioritaria a grupos que se mantienen en la periferia citadina.
D) Independencia en el nombramiento y luego en el ejercicio de los cargos de los funcionarios de control y principalmente de aquellos que conforman la Función Jurisdiccional.
E) Ablandamiento de la rigidez para insertar reformas y enmendaduras constitucionales particularmente en tiempos de crisis.
F) El aseguramiento del respeto a la normativa constitucional, legal interna y legal supranacional, a través del fortalecimiento del control difuso en los órganos administrativos.
G) Eliminación de trabas para incentivar la inversión privada, pues los Estados latinoamericanos no cuentan con la capacidad económica y experimental para manejarlo todo.
H) Facilitación del acceso a los niños, jóvenes y adultos al sistema completo de educación, a través de la promoción de incentivos de ayudas económicas.
I) Protección al sector obrero y trabajador en general, mediante el acceso a remuneraciones justas que les permitan como mínimo la adquisición de la canasta básica.
J) Humanización del sistema penitenciario, mediante la puesta en marcha de programas obligatorios de trabajo remunerado y preparación académica gratuita, para facilitar la reinserción social.
K) Promoción de la educación turística a niños, jóvenes y adultos, pues siendo el pueblo latinoamericano fiel amante de sus costumbres y con una tendencia innata a acoger a los demás, el turismo sería una fuente de empleo y generación de riqueza para todos.
L) Impulso a la integración supranacional, mediante la simplificación del proceso de adecuación de la normativa interna a la supranacional, al punto de poderse dejar sin efecto normas de carácter constitucional frente a disposiciones que contengan derechos que más favorezcan a los individuos.
No podemos dejar de reconocer que muchas de las Constituciones latinoamericanas y de manera particular la nuestra son lo suficientemente humanitarias, por lo que aspirar a un modelo dogmático aún más perfecto, no haría más que alejarnos cada vez más de nuestra verdadera realidad social. De tal manera que perfilar de manera muy ligera la parte declarativa de nuestra norma constitucional y modificar de manera casi total la forma de elección de los funcionarios públicos, que actualmente ejercen sus cargos no por voto popular, sino por nombramiento político, serían las propuestas que planteo para la Constituyente que se avecina. |
