El promedio de vida de la constitución ecuatoriana es de alrededor de nueve años. Desde una perspectiva legalista, cambiar de Constitución equivale justamente a “refundar el Estado”, a sacar de raíz de la institucionalidad político-jurídico vieja y reemplazarla por una nueva. Ecuador se refunda aproximadamente nueve años y cada reencarnación repite los mismos problemas del pasado. Evidentemente, algo no está funcionando.
Si vamos añadir una Constitución más a nuestra larga línea de intentos fallidos, al menos debemos preguntarnos, qué nos empuja a cambiar de Constitución y qué debemos hacer para que esta nueva Constitución en ciernes no sea “una más del montón”, solo una curva más en la larga carretera del desencanto político.
El problema radica, en mi opinión, en la superficialidad del pensamiento político y jurídico ecuatoriano. Cambiamos la Constitución porque no nos gusta como se encuentra el Ecuador, sin detenernos a pensar si la Constitución del 98 tiene la culpa de nuestro estancamiento económico y de la disfuncionalidad de nuestra vida política. No quiero sugerir que la Constitución del 98 sea perfecta, pero puedo aseverar categóricamente, que a pocos meses de la reforma, no existe un estudio socio-político que pueda correlacionar los fracasos del gobierno ecuatoriano con la Constitución del 98.
Por supuesto, hay ideas flotando por ahí. Por ejemplo, muchos sostienen que transformar el voto obligatorio en opcional seria una forma de reducir el populismo que crea una crisis de gobernabilidad en el Ecuador. Una vez instaurado el voto opcional, alegan, solo las personas preparadas irían a las urnas y la calidad de nuestra vida política aumentaría correspondientemente. Realmente puede suceder todo lo contrario. Puede ser que la clase universitaria sea justamente la más apática a la vida política y que su ausentismo refuerce a los partidos que movilizan masas. En otras palabras, al instaurar el voto opcional es posible que el fatalismo de los ecuatorianos cansados de la política de siempre, deje como únicos votantes a los ciudadanos más vulnerables a ser movilizados por las estrategias manipuladoras de los partidos políticos que están dispuestos a regalar camisetas y a llevar a los votantes en buses hasta las urnas.
Más allá de la superficialidad, hay una paradoja en la forma en la que el ecuatoriano se aproxima a las Leyes en general. A nivel constitucional, el ecuatoriano, al parecer, cree en la magia de las palabras y en esto no me refiero al populismo, sino a una tendencia casi medieval a creer que las cosas son por su nombre y no por su naturaleza; una inclinación a creer que es posible el desarrollo por decreto, el bienestar por mandato, el bien común por convenio. Por otro lado, cuando se trata de leyes mucho más básicas y menos glamorosas como el Código de Comercio, la actitud del ecuatoriano es profundamente cínica. A nadie le importa lo que digan las leyes que usamos día a día, ciertamente, creemos que es realista pensar que los jueces pueden hacer –y en efecto hacen- con ellas lo que les da la gana, sin importar como estén redactadas.
Ambas actitudes están lejos de una apreciación objetiva de la realidad. La Constitución no existe fuera de los jueces que la aplican y sin cambios más profundos en la función judicial como grupo social –no como ente jurídico- y en las instituciones que proveen los jueces, ningún cambio constitucional tendrá mayor consecuencia. Por otro lado, hay leyes bien redactadas, leyes mal redactadas y también trabajos legislativos vergonzosos en cuyas incongruencias anida la corrupción. Por más arraigada que sea la corrupción, siempre es mas fácil torcer una regla anacrónica y olvidada que necesita de extensiva interpretación para ser aplicada en la actualidad que una norma moderna, bien redactada, altamente discutida.
Como resultado de esta actitud hacia las Leyes, vamos a tener en el 2007 una Constitución flamante y un Código de Comercio que data de 1906, que fue redactado cuando los enfrentamientos con piratas eran uno de los problemas mas graves del comercio mundial.
Hay una propiedad que debe tener una constitución que no depende de lo que dice sino de la actitud que la gente tiene hacia ella. Esto es, autoridad. El paso del tiempo, el afianzamiento de la Constitución como algo importante de nuestra Historia contribuye a que la constitución adquiera tal autoridad. Si aspiramos a una Constitución mejor, no nos olvidemos de que las reformas no solo deben darnos un mejor texto sustantivo, sino que debemos encontrar la forma de crear un texto orgánico, capaz de crecer con nosotros y de sobrevivir a nuestras tendencias políticas auto-destructivas.
En razón de esto, creo que debemos buscar una constitución flexible que dote al juez de mecanismos para salir airoso de los problemas políticos que agobian la sociedad ecuatoriana y para proteger a la Constitución de las violaciones más severas. Sin embargo, lo que es más importante aun, debemos mirar más allá del texto de la nueva Constitución y ver que pasa con aquel que es el único que le puede dar el soplo de vida al texto constitucional: el Juez Constitucional. |
