El Presidente de la República anunció el día sábado 31 de marzo pasado que la Asamblea Constituyente hará desaparecer la figura del amparo constitucional, de la cual, afirmó, se ha abusado.
El anuncio reviste una importancia fundamental ya que implica el reconocimiento de que la Asamblea seguirá las instrucciones del Presidente. Hasta ahora se ha criticado duramente y con razón, a los Partidos Políticos y a los diputados, por seguir las órdenes e instrucciones de los dueños de los Partidos, dadas por celular. Sin embargo parece ser que el proceso se repetirá, con la única diferencia de que ahora las órdenes serán dadas no desde “El Cortijo”, sino desde Carondelet (Palacio de Gobierno). No de otra forma se entiende el anuncio presidencial de la extinción del amparo constitucional.

Sin embargo parece ser que el proceso se repetirá, con la única diferencia de que ahora las órdenes serán dadas no desde “El Cortijo”, sino desde Carondelet (Palacio de Gobierno).

Desaparecer el amparo constitucional equivale a dar paso al imperio de la arbitrariedad. La sola posibilidad de que la Asamblea Constituyente termine con la institución del amparo constitucional, dejaría a los ecuatorianos a las puertas de un autoritarismo con velo constitucional.
Muchos no conocen qué es ni para qué sirve el amparo. Trataré de explicarlo a continuación e intentaré aclarar por qué su desaparición puede.  Los países que responden a la cultura occidental, a la que se pertenece el Ecuador (no así la mayor parte de asiáticos u orientales y árabes) respetan los llamados derechos fundamentales, que no son otra cosa que atributos que son propios de los seres humanos por el único  hecho de existir como personas y que se originan en la dignidad que los reviste, sin que sea necesario cumplir ningún requisito para adquirirlos. No hay que tener cierta edad, raza, condición, capacidad o sexo para su reconocimiento.

Entre los derechos fundamentales más importantes se cuentan el derecho a la vida, a la libertad personal, de pensamiento y religiosa; el derecho al debido proceso, el derecho de petición y el derecho de propiedad.

Estos derechos pueden ser objeto de atropello y de violación debido a actuaciones ilegítimas o irregulares de los gobernantes, a consecuencia de lo cual pueden provocarse daños graves. Piénsese por citar ejemplos, en una autoridad pública que por corrupta, incompetente, arbitraria o déspota, de manera ilegítima, resuelve la demolición de una vivienda, un despido injustificado, una sanción sin juicio previo o impone una obligación no prevista en la ley.

Cuando estos atropellos se producen, los ciudadanos normales, comunes y corrientes,  que son la mayoría, pueden acudir ante un juez e iniciar una acción judicial que debe tramitarse de manera urgente y preferente  y que en 48 horas pude suspender, es decir, parar, esa orden ilegítima. Esta decisión del juez, de obligatorio cumplimiento, de suspender la orden ilegítima, puede ser apelada ante el Tribunal Constitucional, cuya decisión es definitiva. Es decir, es el Tribunal Constitucional la institución que tiene la última palabra para decidir si el acto de la autoridad pública es ilegítimo o no, como una consecuencia de que el Tribunal Constitucional es en el Ecuador la máxima instancia de control de la constitucionalidad, en cualquier tiempo y lugar, incluyendo, claro está, las épocas de elecciones e incluyendo a la totalidad de los otros poderes públicos y entre ellos el Tribunal Supremo Electoral.

¿Qué ocurriría si no existiera el amparo constitucional? Simplemente que las decisiones arbitrarias de los funcionarios públicos no podrían ser suspendidas de manera rápida, sino que serían de obligatorio cumplimiento.

El amparo constitucional se convierte, de esa manera, en mental para proteger los derechos fundamentales cuando éstos son atacados o atropellados por autoridades públicas que obran de manera ilegítima.
¿Qué ocurriría si no existiera el amparo constitucional? Simplemente que las decisiones arbitrarias de los funcionarios públicos no podrían ser suspendidas de manera rápida, sino que serían de obligatorio cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que si un funcionario público actúa fuera de la Constitución y con esa actuación viola derechos fundamentales y  provoca daños graves a los ciudadanos, esa orden ilegítima así dictada tendría que cumplirse.

“El amparo constitucional se convierte, de esa manera, en una institución jurídica fundamental para proteger los derechos fundamentales...”

¿Puede un Estado ser considerado de derecho y consagrar que su misión principal consiste en hacer efectivos los derechos fundamentales si las órdenes ilegítimas que violan derechos fundamentales tienen que cumplirse de forma obligatoria sin que exista ningún mecanismo de protección judicial que lo impida? Es evidente que no.

¿Qué significa esto? Que si un funcionario público actúa fuera de la Constitución y con esa actuación viola derechos fundamentales y  provoca daños graves a los ciudadanos, esa orden ilegítima así dictada tendría que cumplirse.

El Ecuador es un país que se caracteriza por el abuso en la actuación de los funcionarios públicos. Pero, por desgracia, no es el único. Abusos y atropellos de funcionarios públicos existen en la mayor parte de países del mundo. Incluso en aquellos que tienen tradición de respeto a la ley, como es el caso de Alemania, por citar un ejemplo. La diferencia es que el sistema judicial alemán, sí contempla mecanismos para evitarlos y hacerlos cesar, tal como los tiene hoy el Ecuador.

Según el aporte doctrinal de la obra “Cincuenta Años de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán”, que contiene una compilación de sentencias, a cargo del profesor  JÜRGEN SCWABE, conocemos que en ese país se presentaron entre 1951 y 2001, 136.622 demandas ante el Tribunal Constitucional, de las cuales 131.445 fueron recursos de amparo. En la actualidad se presentan cerca de 5.000 amparos por año, de los cuales son admitidos un porcentaje que no supera el 2.5%.
Sin embargo, pese al número tan elevado de amparos presentados, a nadie con solvencia en Alemania se le ocurrió mencionar que existía un abuso del amparo. La razón es muy simple. El que se presenten muchas demandas de amparo lo único que demuestra es la urgencia de la gente de procurar remedios rápidos y efectivos frente a lo que consideran arbitrariedades de las autoridades públicas.

El Ecuador es un país que se caracteriza por el abuso en la actuación de los funcionarios públicos. Pero, por desgracia, no es el único.

Que se presenten muchos amparos no significa que todos van a ser aceptados. Incluso, el que en algunos casos se cometan excesos o irregularidades por los Jueces que los admiten, no significa que la institución no sirva o que deba desaparecer. Frente a ese número importante de demandas, ha sido el Tribunal Constitucional el encargado de determinar cuándo las demandas tienen fundamento y cuándo no. Pero a nadie se le ha ocurrido sugerir que como existen muchas demandas se está abusando del amparo y menos se le ha ocurrido afirmar que como existen muchas demandas lo mejor es eliminar el amparo. Sostener la necesidad de eliminar el amparo es tener una visión miope de las cosas.

Sin embargo, pese al número tan elevado de amparos presentados, a nadie con solvencia en Alemania se le ocurrió mencionar que existía un abuso del amparo.

Si existen muchos amparos, lo que sin duda está ocurriendo es que existen muchas arbitrariedades. Y si los jueces conceden muchos amparos, pueden estar pasando dos cosas: a) que efectivamente están ocurriendo muchos abusos por parte de los funcionarios públicos y b) que los jueces no están aplicando bien la institución jurídica.
Para el primer caso, la solución es un proceso agresivo para cambiar la actitud de los funcionarios públicos y lograr que éstos se sometan a la ley, Para el segundo caso, la solución es tener jueces competentes, conocedores de la Constitución, honestos y probos.

Frente a ese número importante de demandas, ha sido el Tribunal Constitucional el encargado de determinar cuándo las demandas tienen fundamento y cuándo no.

Sin embargo, parecería que en el Ecuador, lejos de buscar soluciones hacia la protección de los derechos fundamentales, lo que se busca es eliminar las instituciones jurídicas protectivas de los derechos de las personas y dejar a la arbitrariedad (funcionarios públicos arbitrarios, corruptos y déspotas) sin protección legal.

“...parecería que en el Ecuador, lejos de buscar soluciones hacia la protección de los derechos fundamentales, lo que se busca es eliminar las instituciones jurídicas protectivas de los derechos de las personas y dejar a la arbitrariedad  sin protección legal.”

Si la Asamblea Constituyente se realiza y cumple lo que el Presidente de la República ha anunciado en su declaración del sábado 31 de marzo durante la entrevista radial, esto es, elimina el amparo constitucional, se habrá dado el más grave y duro golpe contra la democracia y contra la Constitución, porque tal como he referido en otras ocasiones, un país sin derechos fundamentales es un país sin democracia y sin Constitución.

Creo firmemente que debemos terminar con la arbitrariedad, con el secuestro de las instituciones por parte de los caciques dueños del poder; con la inseguridad; con las enormes desigualdades sociales; con el gobierno de los dueños de los Partidos Políticos (Partidocracia) y con la corrupción imperante en cada esfera del gobierno.

Por esa razón votaré no en la consulta. Pero, votar no en modo alguno significa que crea que las cosas tienen que permanecer como están. Creo firmemente que debemos terminar con la arbitrariedad, con el secuestro de las instituciones por parte de los caciques dueños del poder; con la inseguridad; con las enormes desigualdades sociales; con el gobierno de los dueños de los Partidos Políticos (Partidocracia) y con la corrupción imperante en cada esfera del gobierno. No debemos terminar con las instituciones jurídicas protectivas de los derechos fundamentales. Eso es retroceder en la historia y volver a las épocas de los tiranos.