 Según el diccionario, la crisis es un “estado delicado y conflictivo en el desarrollo de una cuestión”. Unos dicen que la crisis es una “catástrofe, explosión, fuego, intoxicación, escándalo, heridos, incluso muertos”. Lo cierto es que todas las organizaciones tienen que enfrentarse a incidencias, que pueden degenerar en crisis. La crisis no la generan los hechos, sino la forma de reaccionar ante los mismos.
No podemos hablar de crisis institucional sin plantearnos una sencilla cuestión: ¿Que es la denominada institucionalidad?.
La existencia del Estado obedece a la necesidad de satisfacer de una mejor forma las necesidades del grupo social que lo integra. Para lograr dicha satisfacción es preciso el uso de la coacción, misma que se logra a través del imperium –poder- del Estado, que se objetiva en cualquiera de las instancias donde éste desenvuelve su actividad. Pero, ¿cómo se manifiesta la actividad estatal? Concretamente en tres funciones: Legislación, Justicia y Administración, cuyos respectivos órganos ejercitan partes o secciones del poder del Estado.
Tal como lo señala Marienhof, el poder del Estado es único, pero las funciones son múltiples. El Poder del Estado se ejerce a través de la actividad asignada a sus órganos. Y, ¿de qué manera se regulan o dividen las funciones del Estado? A través de la Constitución a la cual se someten.
En este sentido, la Carta Política determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas (legislativo), ejecutarlas (ejecutivo) y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad (judicial), y al efectuar todo esto, funda el orden jurídico del Estado. La garantía de la observancia de las competencias de cada uno de dichos órganos, comprende uno de los caminos dirigidos a asegurar el cumplimiento de las diversas normas constitucionales y a evitar la violación de las mismas, lo que en últimas constituye y fundamenta el Estado de Derecho.
Tal como lo señala Marienhof, el poder del Estado es único, pero las funciones son múltiples.
En términos abstractos, la Constitución proclama como finalidad el orden político, económico y social que para la colectividad sea justo y que vaya encaminado al fortalecimiento de la unidad de la nación y así asegure a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo.
Pero si el Estado obedece a las necesidades del grupo social que lo integra y que se constituye como tal, ¿qué sucede cuando dicho Estado no se manifiesta a través de sus instituciones u órganos de manera consecuente con las expectativas sociales? ¿Qué sucede cuando las instituciones del Estado, mediante las cuales se manifiesta el poder único estatal, desconocen o ignoran los principios constitucionalmente consagrados? La respuesta está a la vista: La institucionalidad entra en crisis. Pero no con responsabilidad exclusiva, sino como consecuencia de que tenemos un Estado cuya orientación de organización y de orden social no está definida, por lo cual las instituciones que encarnan a este Estado, encarnan también sus debilidades.
El Ecuador está pasando por una crisis existencial. Sí, que pena que a estas alturas de globalización y de desarrollo mundial, sigamos tratando temas como el colapso de las instituciones. Y es que éstas han dejado de representar el sentir ciudadano, y han dejado de perseguir la consolidación del Estado a través de la satisfacción de las necesidades del grupo social que lo conforma. Esto dejó de ser un asunto de legalidad para pasar a ser una cuestión de legitimidad. Las instituciones quieren formar su propio orden y desconocen el querer y la aspiración de la ciudadanía.
La crisis institucional no es una causa, sino una consecuencia de la carencia de sentido y de carácter del que adolece nuestro Estado. Si el Ecuador no define su rumbo, mal podrían hacerlo las instituciones que manifiestan su poder. Lo que degenera en crisis institucional es la falta de horizonte, la sobrecreación de expectativas y la inmediata decepción de la sociedad.
Y es que el hecho de que en las últimas elecciones haya ganado la propuesta de “La Asamblea Nacional Constituyente”, no es una casualidad, responde a un querer de la colectividad de sentirse parte de un Estado que en la actualidad les es ajeno. Pero a pesar de tal circunstancia, las instituciones siguieron negándose a aceptarlo, lo que independientemente de los hechos, de los gestores y de los culpables, provocó, ya no la crisis, sino el caos. Una vez más, porque los representantes del pueblo siguen en la búsqueda de constituir su propio orden de conveniencia política y de terreno fértil para conseguir ideales privados distintos a los de la ciudadanía.
Si esta Constituyente, al menos tiene la pretensión de construir un orden social diverso que intente definir el carácter y sentido del Estado, y con éste el de su institucionalidad, está justificada. No importa la modalidad, sino la consecuencia de una estructura estatal con bases sólidas y con dirección clara.
La crisis de nuestro Estado y de sus instituciones no es otra cosa que la reacción de quienes con absoluta legitimidad reclamamos una verdadera representación. Es hora de que los ciudadanos seamos integrados a través del cumplimiento de nuestras justas aspiraciones, al ente que nosotros mismos creamos con el afán de vivir mejor. Organización, normatividad, acción y justicia, para una convivencia como la que nos merecemos: Digna.
Cuando nuestros gobernantes comprendan que la virtud de la organización social está en ampliar el horizonte, delimitando las expectativas, para no llegar a la decepción de la sociedad, estaremos listos para pasar la página del colapso de nuestras instituciones y podremos dar nuevos pasos hacia el desarrollo de nuestro país. Ojalá que el Ecuador no desaproveche esta oportunidad.
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