En 1787 corrían tiempos de cambio. Trece colonias inglesas, hastiadas del dominio de la corona británica, fraguaron su independencia. Los líderes políticos de aquella gesta quisieron sentar las bases de un nuevo país: la primera república democrática en el mundo. Recelosos de las oxidadas formas aristocráticas del viejo mundo, los framers americanos se atrevieron a experimentar lo que, hasta el momento, sólo era una posibilidad teórica. Un gobierno cuyo poder radique en la gente, regido por una Carta Fundamental, que garantice los derechos de los ciudadanos —que ya no súbditos— y limite el poder político. La Constitución de los Estados Unidos de América sería ratificada por nueve de los trece Estados federados, en 1789.

Pulcra y brillante, la Carta Magna de los founding fathers es, sin duda, una pieza de arte político, un proyecto sin paralelo histórico, una mezcla insuperable de prudencia, sabiduría, erudición y realismo. Muchas cosas se pueden decir, y con razón, de la Constitución americana. Lastimosamente, de democrático, de fruto de la expresión de la soberanía popular, de consenso ciudadano, aquel documento fundacional tuvo poco o nada. Decir que la Constitución americana es, en realidad, la voluntad original del pueblo es un garrafal error. Sostener su origen participativo constituye una noción deformada, en buena medida, por nuestra interpretación de la historia en términos de lo que debió ser y no de lo que en verdad fue.

Como señaló uno de los más profundos analistas de la política estadounidense, Elmer E. Schattschneider, “dada la definición tradicional de democracia —el gobierno del pueblo— fue necesario inventar el mito de que fue el pueblo quién tomó el poder durante la revolución americana”. En Ecuador, inventamos la novelesca gesta constitucional de Riobamba, en 1830. Tanto nos gustó aquella proeza romántica que la reproducimos diecinueve veces, y se aproxima una nueva. Y es que sólo mediante la leyenda arturesca de la soberanía popular, puede venderse la idea de Constitución en tanto norma básica de la vida en común. Por duro que parezca, estas concepciones imaginarias no son más que eso, quimeras inventadas, abstracciones falaces, retahílas necesarias para encajar un rompecabezas teórico. Así nace el constitucionalismo moderno, de una mentira repetida una y cien veces, de un dogma de fe.

La conjura de Filadelfia, la primera Asamblea Constituyente del mundo, fue todo, menos democrática. Aquella fragua política, auspiciada por los legendarios James Madison y Alexander Hamilton, se asemejó más a una negociación a puerta cerrada, que a un foro público de libertad y civismo. Bajo el más estricto secreto, los representantes de las trece antiguas colonias, cincuenta y cinco burgueses de fortuna y abolengo, la mayoría de ellos reconocidos juristas, negociaron fieramente el marco apropiado de un gobierno central, una estructura federal que mantuviese la estricta unidad política que toda nación que aspira a la grandeza. Sólo treinta y nueve firmaron el documento final, el resto desertó en el camino. La clase dirigente de algunos Estados contempló con recelo la creación de un gobierno central, amenaza perpetua a la sacrosanta soberanía local. El cosmos sureño, que basaba su economía agraria en la explotación esclavista, no confiaba en la élite progresista del Norte, industrial, rapaz, aguerrida. Para estos nuevos romanos el esclavismo era una abominación prehistórica. De hecho, uno de los pactos esenciales para el éxito de la negociación fue postergar del discurso político el estigma de la esclavitud. Tuvieron que pasar siete décadas y una guerra fraticida para remover esa mancha de la historia estadounidense. En definitiva, “We the people” no eran más que cuarenta señorones erigidos en portavoces de una población de cuatro millones, quienes a su vez ni se enteraban de lo que pasaba en los salones de Filadelfia y Nueva York.

Se puede decir, con razón, que el mito constituyente es una condición indispensable del derecho, presupuesto nemotécnico para el funcionamiento correcto del aparato institucional. Un factor de unificación política, un teorema útil, la fuente de importantes avances. Pero, bueno o malo, es un invento al fin y al cabo. La Constitución no ha sido—y temo que nunca lo será— el fruto maduro del consenso social, la expresión cierta del pueblo en tanto poder. La teoría constitucional moderna se construye sobre un cúmulo de metáforas o, como nos gusta decir a los juristas, sobre ficciones. La democracia, el gobierno del pueblo, a menos que rubriquemos el cinismo retórico, no ha existido nunca en nuestro país. Es un proyecto inconcluso, un destino por conquistar.

La Constituyente que se avecina no reflejará —ninguna lo ha hecho— la voluntad general del pueblo. Será más bien, la palestra de negociación de las fuerzas políticas, que guardará, eso sí, las formalidades de rigor y el lenguaje pomposo. Estaremos, pues, ante un coro demagógico, maquillado de liturgia justiciera, rehén del evangelio laico.

No debemos ceder ante procesos de deliberación pública, teñidos de romanticismo nocivo y eslóganes ideológicos. Sólo mediante la participación activa y consciente de la sociedad civil —de todos nosotros— haremos de la Asamblea Constituyente un proceso digno que se aproxime al ideal democrático. Partamos evitando los estereotipos de derecha e izquierda, los socialismos del siglo XXI y los neoliberalismos del XX. Las ideologías, decía el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, sólo sirven para que puedan opinar los que no piensan. El sentido común debe constituir el único referente válido.

Nada es gratis en la vida. Exijamos en tiempo real, las actas de rabajo de todas y cada una de las reuniones de los asambleístas. Recordemos que no existe constancia de los debates de la Constitución de 1998.

La influencia en el debate no debe derivarse de la capacidad de movilización de determinados sectores, pues de lo contrario la Asamblea se sometería a los intereses sectarios —ya sea de las “fuerzas vivas”, los “pueblos indígenas” o los “movimientos sociales” — antes que a la calidad de las propuestas.

Seguramente, como en Filadelfia hace más de dos siglos, la nueva Asamblea ecuatoriana no será enteramente justa ni perfecta. Ni absolutamente democrática. No importa.

Al menos, que en algo se parezca a la primera gesta americana: en la originalidad, inventiva y erudición de los personajes que participen en ella. En la capacidad de concebir un proyecto serio, con sentido común.

No hacen falta superhombres, sólo personas conscientes de su papel de cara a la historia. James Madison, el gran artífice ideológico de la Constitución estadounidense, tenía apenas 36 años y dependía económicamente de su padre en los días de la Convención.

Alexander Hamilton, la otra mente detrás de aquella empresa política, no pasaba los 32 años de existencia. Es sólo cuestión de atreverse a participar, sin esperar nada de la clase política.

Parafraseando a Antonio Gramsci, con el perdón del brillante intelectual socialista, no sólo seamos optimistas de nuestra voluntad. También hay que serlo de nuestra propia inteligencia.