Cualquier ciudadano que pretenda participar activamente de la vida política de nuestro país, inmediatamente, se llevará el descontento causado por la falta de garantías y mecanismos constitucionales y legales para el ejercicio de tal derecho, por la carencia de verdaderas alternativas políticas, por el equivocado rol de sus representantes, por la falta de probidad de los miembros de los movimientos y partidos, así como la falta de juicio y fundamento de los actores políticos producto de sus vacíos contenidos y fines.

En primer lugar, debo manifestar que concuerdo plenamente con la posición del Presidente de la República, Econ. Rafael Correa, al señalar a ciertos partidos políticos (principalmente, sus cabecillas) como unos de los causantes de la debacle ecuatoriana. Además, aplaudo su pronta iniciativa al conformar, no hace mucho tiempo, un nuevo movimiento político denominado PAÍS, integrado en parte por gente joven, honesta, participativa, ansiosa del cambio que exige el Ecuador. Sin embargo, de igual forma, debo advertir que los nombres de muchos otros militantes (quién sabe si él inclusive), quedarán grabados en la historia como cómplices del quebrantamiento del Estado de Derecho y partícipes del fin de la poca democracia que nos restaba.

Consecuentemente, resulta necesario recordar que cuando el Presidente empezó su campaña electoral (que por cierto aún no termina), repudió la actitud de los partidos políticos gobernantes, los cuales reprimían a la saludable oposición al no permitirles su participación en la toma de decisiones.

Ahora bien, el artículo 117 del título IV “PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA” de la Constitución Política, dispone:

“Los partidos y movimientos políticos que no participen del gobierno, tendrán plenas garantías para ejercer, dentro de la Constitución y la ley, una oposición crítica, y proponer alternativas sobre políticas gubernamentales. La ley regulará este derecho.”

Cabe señalar que a pesar de la importancia y relevancia de dicha norma para el cumplimiento de la democracia, jamás fue reglamentada, lo que, desde un inicio, además de resultar absurdo e irónico, coarta el ejercicio de tal derecho constitucional.

El derecho a la oposición permite que las fuerzas políticas que no gobiernan un Estado, sean éstos partidos o movimientos, puedan presentar tesis, debatirlas e incluso instaurarlas como políticas gubernamentales, obviamente, con la anuencia del régimen gobernante. Por esta sencilla razón, se requiere de un gobierno abierto al diálogo y al consenso, lo que a primer análisis, en nuestro caso, parece no ocurrir.

Sin gobernantes con dichas cualidades, la oposición jamás podrá aplicar mejores alternativas para satisfacción y beneficio de la comunidad.

Me pregunto: ¿Qué ha hecho Rafael Correa por instaurar la democracia? ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente para fomentar la participación ciudadana? ¿Han atendido las posturas de la oposición que, quieran o no, representan a un grupo de ecuatorianos? ¿Qué pasará con quienes no concuerden con sus posturas revolucionarias?

A estas preguntas deberán responder todos los funcionarios que han gozado de la inimaginable oportunidad de enrumbar al Ecuador.

Finalmente, debemos entender que no existe democracia tan sólo con reconocerle al ciudadano su derecho al voto; tampoco con darles atención y prioridad a la simple mayoría (¿o acaso el gobernante no debe también responder frente a la minoría?), sino más bien únicamente existirá democracia cuando todas las necesidades sociales sean atendidas, tanto de coidearios o no, y, cuando todos, absolutamente todos, tengamos acceso y participación en la toma de decisiones.

Es a través de estas pequeñas observaciones por las cuales distinguimos al Estado de Derecho y democrático del gobierno absolutista y dictatorial.