 Hoy todos hablan de crisis económica, de un modelo de regulación demasiado tímido e ineficaz, de la necesidad de intervención estatal, de reformas urgentes y demás. En fin, nada que no se haya visto durante los apocalipsis económicos del pasado. Sin embargo, esta vez hay una verdadera novedad. Se trata de los Fondos Soberanos de Inversión. Durante el primer terremoto bancario ocasionado por la crisis de la hipoteca basura, no fue la "Fed", ni el Departamento del Tesoro -ni el FMI- quienes acudieron a apagar las llamas que consumían Wall Street. No. Fueron los fondos soberanos de inversión los que colocaron cantidades astronómicas de liquidez financiera en el sistema, comprando participaciones en diversas entidades bancarias, salvando en definitiva la jornada. Súbitamente, la opinión pública mundial cayó en la cuenta de que estos entes empresariales están en todas partes. Y han venido para quedarse.
De acuerdo con la definición de la Comisión Europea, los fondos soberanos de inversión (FSI) son "vehículos de inversión de propiedad estatal que controlan una cartera de activos financieros nacionales e internacionales". Edwin M. Truman, del Peterson Institute for International Economics, apunta que la mayoría de los FSI existentes en el mundo provienen de la venta de la explotación de recursos naturales. Más aún, son los fondos originados en materias primas los que levantan suspicacia política, ya que, como señalan diversos estudios, mantienen los más bajos niveles de transparencia en su manejo corporativo. Desde los años cincuenta, algunos países ricos en recursos naturales, particularmente los productores de petróleo, han buscado la manera de rentabilizar mejor sus crecientes reservas en divisas extranjeras. Por lo general, estas fórmulas corporativas sirven como "cuentas de ahorro" para prevenir posibles periodos de inestabilidad económica: desplome súbito de los precios, shocks financieros, agotamiento de la capacidad productiva, entre otros potenciales escenarios. Hoy, las dimensiones económicas de estos colosos financieros son inimaginables. Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), quizás el mayor FSI del mundo, maneja activos por un valor de 835 mil millones de dólares, casi tres cuartas partes del PIB español.
La reciente actividad de estos pools de activos estatales en el mercado financiero viene aparejada de graves tensiones políticas. No es de extrañar. Su sola presencia es la constatación de una drástica redistribución del peso financiero a nivel global. Hasta hace poco, el protagonismo en los mercados de capital lo tenía la esfera de países industrializados, primordialmente Estados Unidos y Europa. Sin duda, las millonarias adquisiciones de estos "nuevos ricos" levantan asperezas entre los miembros tradicionales del club mundial del capital. Los fondos constituyen cantidades astronómicas de dinero que se propagan por el sistema, recursos controlados por gobiernos, la mayoría de ellos sin credenciales democráticas. Además, salvo excepciones muy puntuales como el FSI noruego o el de Singapur, estos entes empresariales no son un modelo de transparencia. Las operaciones más recientes incluyen la compra de participaciones en verdaderos champions del mundo financiero como Citygroup o Merryl Lynch, entre muchos otros.
¿Qué pasa si estos wannabes del capitalismo global no atienden exclusivamente a motivaciones económicas? Esa es la pregunta que se hacen las élites en Occidente. Temen que el creciente poder que están adquiriendo estas compañías en colosos empresariales termine por concentrar las riendas del poder geopolítico en manos de los gobiernos que secundan estos fondos. Los expertos señalan que la mejor salida pasa por establecer un código de buenas prácticas de gobierno corporativo: estándares consensuados que hagan a estos entes empresariales más transparentes y responsables ante sus propios ciudadanos y ante la comunidad internacional. Para ello, es necesario que se adopten urgentemente medidas para traslucir su manejo, creando medios institucionales que permitan exigir responsabilidad por sus actos. El Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Comisión Europea, las autoridades estadounidenses y de otros Estados, se encuentran en la búsqueda de reglas de juego justas para todos.
Por su parte, Yousef Al Otaiba, representante del gobierno de Abu Dhabi, señaló recientemente que ADIA "nunca ha utilizado ni utilizará sus inversiones como una herramienta de política exterior". El funcionario árabe manifestó hace poco que aceptan "la aplicación de parámetros más estrictos de revisión", dado que "siempre se han sentido cómodos con los controles impuestos por la legislación estadounidense". Por otro lado, los responsables de los mayores fondos soberanos del planeta resaltan recurrentemente su calidad de "inversores pasivos". Como apuntó Gao Xiqing, gerente de China Investment Corporation, ellos no toman las riendas de las empresas en las que invierten por una razón muy simple: ese no es su negocio.
Durante los últimos años, se ha detectado un resurgir de lo que podríamos llamar "proteccionismo estratégico". De acuerdo con un estudio realizado por especialistas de la OCDE, la seguridad nacional ha ganado gran protagonismo en la esfera política con el fin de controlar los flujos de capital, especialmente a partir de los atentados del 11-S. En materia de control de inversión extranjera y seguridad nacional, la vanguardia la lleva la legislación estadounidense. La Casa Blanca tiene la potestad de suspender o prohibir los procesos de adquisición de empresas americanas siempre que considere que dichas operaciones constituyen un peligro para la seguridad de la nación. El Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) se encarga de llevar a cabo las investigaciones. Recientemente, el gobierno alemán anunció que presentará un proyecto de ley orientado precisamente a ajustar los controles a los capitales extranjeros. La coalición gobernante señaló que tomará como ejemplo el modelo de supervisión norteamericana, estableciendo un organismo federal encargado de investigar transacciones sospechosas de ser un peligro para la seguridad nacional.
En fin, una vez más la lógica política entra en colisión con los intereses económicos. Occidente mira con desconfianza el dinero de ciertos países no pertenecientes al círculo democrático, como si de una nueva oleada de invasiones bárbaras se tratase. |
