1.- En la introducción al articulado propuesto al pleno de la Asamblea Constituyente por parte de la mayoría de los integrantes de la Mesa No. 4: “Del Territorio, su organización y los gobiernos autónomos descentralizados,  se sostiene que: “el centralismo, el bicentralismo, la discrecionalidad en la asignación de recursos y la superposición de un sistema nacional de competencias, ha provocado, entonces, un desarrollo territorial profundamente inequitativo y desequilibrado en el Ecuador…”.  Lo anteriormente sostenido es una falacia.  El único culpable -desde el nacimiento como República- de las inequidades y desequilibrios existentes en el Ecuador, ha sido el manejo planificador y centralista de los gobiernos de turno, que con escasas excepciones, centralizaron el manejo de los recursos públicos, dejaron en el abandono a centenares de cantones y parroquias, además que impidieron de manera sistemática la entrega vía ley de recursos a los gobiernos seccionales, que por cierto,  fue uno de los mecanismos de defensa que se tuvieron que implementar ante la ineficiencia de los gobiernos centrales de turno, en la atención de las necesidades básicas de los pobladores de los respectivos cantones y provincias.

Es más, la respuesta ante tanta ineficiencia e injusto manejo de la rentas públicas, fue la incorporación en la Constitución de 1998 del concepto de autonomía plena de los gobiernos seccionales autónomos, así como que los recursos que les corresponden a los Municipios y Concejos Provinciales dentro del Presupuesto General del Estado, se asignen   y distribuyan  de conformidad con la ley, en atención a los siguientes criterios: número de habitantes, necesidades básicas insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia administrativa.

2.- Creemos también que lo que  propone la mayoría  Mesa No. 4, además de falaz, es perversamente confuso. Es necesario decir porqué.   Se sostiene y se reconoce por los señores asambleístas de mayoría que: el centralismo ha dado lugar a acciones políticas inadecuadas que se han expresado en las asignaciones discrecionales de recursos a los gobiernos seccionales autónomos, en beneficio de unos, los que están en el centro, y en detrimento de otros, los que están en la periferia. De otra parte, no existe una clara distribución y definición de competencias y se ha creado una superposición de las mismas…: .   Sin embargo, más adelante se sostiene que desde el centro se ejerce un poder para no transferir las competencias impidiendo la descentralización, recreando el estado centralista que es por sí mismo ineficiente en términos políticos y sociales.

Pongámonos de acuerdo, ¿si no se está de acuerdo con que el centro impida la transferencia de competencias obstruyendo por lo tanto la descentralización, por qué en esta propuesta se impide a los municipios solicitar competencias como actualmente está concebido y permitido en la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Municipal?   Además, ¿Por qué se sostiene que no hay una clara distribución y definición de competencias, cuando las mismas están perfectamente determinadas y especificadas en las Leyes Orgánicas de Régimen Provincial, Municipal y de Juntas Parroquiales?

Lo que se busca con este articulado es  confundir a la ciudadanía a través de mentiras disfrazadas de verdad. Ciertamente que han existido casos como los Municipios  de Quito, Guayaquil, Cuenca y otros más (que por cierto representan más del 50% de la población del Ecuador, por lo que mal se puede hablar de inequidad) que  en su momento suscribieron sendos   convenios de cooperación interinstitucional con el Gobierno Central, a través de los cuales se entregaron valores  del presupuesto general del Estado para la construcción de determinada obra pública o la prestación de determinado servicio,  pero lo cierto es que en la mayoría de estos  casos,  se lo ha hecho con la correspondiente contrapartida provincial o municipal y en el caso de Guayaquil, asumiendo además competencias sin recursos.

Es decir, sí han existido ciertos gobiernos seccionales que obtuvieron asignación de recursos para la prestación de un servicio o la construcción de una obra, pero lo que no se dice a nivel de la mesa No. 4, es que generalmente siempre ha existido una contrapartida local, que han existido municipios que han asumido competencias sin ninguna clase de recursos (eg. Municipio de Guayaquil con el tema Registro Civil), y que además estos convenios o asignaciones discrecionales han beneficiado  a no menos del 25% de la población del Ecuador como es el caso de Guayaquil, otro 25% en el caso de Quito y otros 10% en el resto de Municipios.  Esto no obstante es criticado por cuanto estos gobiernos locales, según los Asambleístas,  han procurado dádivas para atender las necesidades locales, que a su vez en muchos casos han sido dilapidadas y no se han reflejado en la solución de los problemas de la gente, lo que ha significado según ellos haber  ejercido competencias a “la carta”.

Es lamentable que se tenga esta visión del municipalismo en particular y de la gestión descentralizada en general.  Las “conquistas” descentralizadoras  si así lo podemos denominar,   al proceso que ha venido transitando  el país en los últimos 10 años,  ha sido justamente por el rechazo a un modelo centralista,  concentrador de la riqueza, obeso, egoísta e injusto.  La Ley de distribución del 15%, la expedición del reglamento a la Ley de Descentralización, las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Municipal del 2004, por poner sólo unos ejemplos,  han sido la consecuencia de decenas de años de una visión miope en el manejo de la cosa pública, que conminó a los gobiernos seccionales a transformarse, a buscar su supervivencia  ante la falta de apoyo por parte de un centralismo abyecto y retardador. No es verdad en consecuencia que se ejercieron  competencias a la carta, o que se solo se solicitaba la transferencias de las competencias que eran carne y no hueso.  Lo que existió fue una reformulación de las políticas públicas por parte de los gobiernos locales, que vieron en el articulado de la Constitución de 1998, la posibilidad de  ir progresivamente asumiendo competencias en la medida de su capacidad operativa. ¿A alguien más o menos sensato se le puede ocurrir que  un gobierno local pueda pedir de la noche a la mañana la competencia total en materia educativa o de salud?  Transferir esta clase de competencias demora no sólo meses sino años de trabajo intenso y  conjunto entre Estado y gobierno local.  Incorrecto es entonces de hablar de autonomías a la carta.

3.- No tengo la menor duda que todo lo conseguido durante  más de una década podría ser echado por la borda.  Jamás el centro se sintió cómodo cuando los Municipios y Consejos Provinciales solicitaban competencias ancestrales, ya que al solicitarlas y luego asumirlas, lo único que  hacían eran evidenciar la corrupción, los malos manejos y la ineficiencia conque el gobierno central manejaba dichas competencias.  El caso del Registro Civil de Guayaquil es paradigmático:  cuando le tocó al Municipio de Guayaquil negociar la transferencia de la competencia con el CONAM -que por cierto hasta el último momento se negó a aceptar esta transferencia, de no mediar la voluntad política del Presidente Alfredo Palacio- se enteró que de los ingresos que recibía Guayaquil en esta dependencia, el 80% servía para pagar los sueldos y salarios del resto de la burocracia adscrita a este servicio público en el resto del país.   Es decir todo lo que generaba en Guayaquil en materia de registro civil y cedulación, no sólo que no se quedaba para nada en Guayaquil, sino que servía para pagar la ineficiencia y en algunos casos corrupción, del resto del país, con las excepciones de Cuenca y otras circunscripciones territoriales. 

Esto no quiere decir, por si acaso,  que los gobiernos locales fuertes no deban tener una cuota de solidaridad.  En el convenio de descentralización que se negoció y discutió con el gobierno central, se estableció que el 10% de los ingresos que reciba el Registro Civil de Guayaquil se entregarán al gobierno central, situación que acontece puntualmente y que con seguridad, seguirá sirviendo para pagar a la burocracia, más no para modernizar el Registro Civil Nacional.  ¿Alguien puede tener alguna duda quien presta mejor este servicio en la actualidad si el Municipio de Guayaquil o la Jefatura Provincial del Registro Civil, ente estatal?

4.- Tampoco es correcto sostener que la “creación de un sistema interconectado de gobiernos autónomos…acabará con la discrecionalidad de recursos, con la indefinición de las competencias  y roles asignados a cada uno de ellos, con la falta de institucionalidad y falta de escenarios para la participación ciudadana…que provoque un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos...”. Si hay algo que está sumamente claro en las distintas Leyes orgánicas que rigen respecto de los distintos gobiernos seccionales autónomos es la clara definición del ámbito de sus competencias.  No recuerdo que en el Ecuador se hayan presentado en los últimos 25 años serios conflictos de competencias entre Concejos Provinciales y Municipales, incluso cuando políticamente han estado dirigidos por facciones políticas distintas.  Tanta  claridad ha existido, que cada Provincia y cada cantón ha sabido dirigir sus políticas públicas al conglomerado social que le corresponde y en la mayoría de los casos, han trabajado conjuntamente para prestar el servicio o acometer la obra pública a favor de los vecinos de sus respectivas jurisdicciones.

5.- De otro lado, también es falaz sostener que el Ecuador atraviesa una falta de institucionalidad. Si hay algo que se ha producido en la última década, es el retorno de la autoestima de los ciudadanos y su percepción y sentido de pertenencia hacia  los cantones y provincias en los que habitan.  Esta ha sido una década en que la ciudadanía ha  visto robustecerse institucionalmente a sus gobiernos seccionales, a través de la mejora en la prestación de los servicios, manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos, retribución palpable entre lo que se hace y presta con lo que se  paga de impuestos locales, etc.
Este fortalecimiento institucional además ha conseguido que se produzca  una efectiva rendición de cuentas por parte de los gobernantes locales, ya que la ciudadanía ha venido actuado como un primer veedor en el manejo de los recursos públicos, esto es, ha sido el primer crítico a la obra municipal y provincial.  Y esa crítica y esa veeduría se percibe en una mayor amplitud cuando cada cuatro años la ciudadanía entra a juzgar la gestión de sus gobernantes vía sufragio, como la forma más genuina de expresión democrática que se puede pedir en un Estado de Derecho.

Para finalizar este breve trabajo, es ciertamente  lamentable que se pierda una oportunidad histórica en el país para cambiar el modelo de división territorial.  Los hechos demuestran por sí solos que aquellos países que han llevado el modelo autonómico a su máxima expresión (acaso el federalismo es su vertiente más próxima), son aquellos países que han logrado elevar la  calidad de vida de sus habitantes.  ¿Alguien acaso puede dudar de la calidad de vida que existe en  Suiza, Alemania, Canadá, España o Australia, por poner sólo unos ejemplos de  como la organización territorial bajo sistemas federales es la que más bienestar produce en los habitantes de un país?

Digamos NO en las urnas si el modelo propuesto ahora se termina de consolidar en la Asamblea.  Será nuestra forma de rechazo a un modelo que recubierto de una disfraz descentralizador y autonómico, lo único que revela por una parte  – y de  cuerpo entero- es el  rechazo a que las ciudades y sus gentes puedan decidir su destino y progreso por sus propios medios y en libertad y, por otra, su indeclinable vocación centralista, concentradora y planificadora que lo único que busca es impedir que los Municipios sean exitosos en “perjuicio” de un estado caduco, corrupto y vendedor de ilusiones.