 Existen varios factores que condenan a una nación, que limitan las libertades, que impiden el progreso y dificultan el verdadero goce de los derechos ciudadanos. A su vez, existen derechos de suma importancia y trascendentales para el desenvolvimiento personal y social, entre ellos, la educación; y, es únicamente con la protección y promoción de tales derechos que podemos afirmar que un país está en marcha, encaminado hacia el progreso.
Pues bien, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador registra un 8.4 por ciento de analfabetismo (es decir, 794,314 habitantes no saben leer ni escribir); un altísimo índice de personas no han terminado el segundo nivel de educación; y, muy pocos han accedido a la educación superior. Estas estadísticas resultan totalmente desalentadoras.
Por otra parte, el Presidente Correa ha señalado que una de las metas de su gobierno es acabar con el analfabetismo en el año 2009 e instaurar en el país una educación de calidad.
En primer lugar, debemos preguntarnos ¿cómo pretende hacerlo? Debo reconocer que el gobierno actual ha tomado ciertas medidas que favorecen a la educación como los decretos ejecutivos en los cuales se declaró en emergencia a dicho sector, facilitando el desembolso rápido de dinero para las construcciones, reparaciones y adecuaciones de la infraestructura escolar, financiar el incremento del Programa de Alimentación Escolar, así como el de entrega de textos escolares gratuitos y la creación de miles de partidas presupuestarias para nuevos profesores. Pero al instante, me surge otro cuestionamiento ¿de dónde sacará el Estado tantos profesores, si la mayoría de los actuales no cumple ni con los mínimos requisitos que implica la docencia? ¿Cómo llenará ese vacío? Deviene obvio que el sector educativo sufre una profunda crisis desde hace varios años, basta con mirar las condiciones en los que estudiantes de escuelas populares reciben clases.
Ahora, me preguntaba mientras impartía un seminario de derecho en un colegio particular, cómo justificar mis exposiciones a estudiantes menores de edad los cuales aún siquiera habían elegido qué carrera iban a seguir en un futuro no tan lejano. Fue precisamente ahí cuando entendí que no se necesita estudiar en una Facultad de Derecho para leer al menos la Constitución Política (norma suprema en la que, principalmente, se establecen, los derechos ciudadanos) puesto que aquellos jóvenes serían próximamente empresarios y profesionales y de alguna u otra forma, en algún momento de sus vidas, el Estado desconocería o atropellaría sus derechos. Debía pues, reforzarles aquellas nociones básicas que tiene todo ser humano respecto al derecho y, a la vez, fomentarles el respeto por la máxima autoridad: la ley. En fin, la importancia de la educación, principalmente, en el área del derecho, les sería indispensable.
Ahondando en esta reflexión y repasando la Carta Magna de 1998, encontré la disposición transitoria décimosexta que señala:
“Décimosexta.- En todos los niveles de la educación se enseñará cuáles son los derechos y deberes que tienen los ciudadanos ecuatorianos.”
¿Se cumple esta prerrogativa estatal? Sin lugar a dudas, no. Muchos creen que el Ecuador mejorará de un día para otro, con una nueva Constitución; pero a mi criterio, no: los jueces no serán más probos e imparciales, los legisladores no dejarán de favorecer ciertos intereses, el Presidente no dejará de ser autoritario, etcétera. En cambio, si fomentamos en la juventud el respeto por las normas jurídicas, la igualdad entre las personas, el reconocimiento de los derechos de un tercero, creo que sí cambiará el país. Aquel ciudadano que no denunciaba los delitos ahora sí lo hará, aquel que vende las armas artesanales ya no las entregará a los delincuentes. ¿Por qué? Sencillamente, porque conoce la obligación y la consecuencia jurídica de hacer algo o no hacerlo. En fin, ahora sí se habran protegido los derechos ciudadanos, instaurado la democracia y promovido la participación ciudadana, puesto que únicamente quien conoce sus derechos, está en la capacidad de ejercerlos.
¿Por qué en vez de obligar a las personas a votar, no la obligamos a educarse en tan relevante asunto?
Este es uno de los mecanismos posibles, aunque existen muchos más. ¿Se animará la Asamblea Constituyente? No habrá revolución ciudadana sin revolución educativa… |
