 Cualquier persona que conozca la situación económica de los países latinoamericanos seguramente coincidirá en la necesidad de mejorar sustancialmente la hacienda pública de estas naciones. En muchas de ellas, a pesar de que la pobreza es lacerante y de que solo algunos acceden realmente a condiciones de vida humanas y razonables, resulta que nos encontramos con bolsas importantes de ciudadanos que no hacen declaración de la renta. A veces, desde otro punto de vista, la situación de la hacienda pública muestra grandes carencias: la justicia del gasto público, sobre todo en educación y sanidad, tantas veces brilla por su ausencia. Es decir, no todos contribuyen a las arcas públicas y la ineficacia en la gestión del gasto y del ingreso proporcionan un panorama preocupante y necesitado de profundas y hondas reformas.
Estas consideraciones acaban de hacerse públicas con ocasión del informe sobre la OCDE en relación con las perspectivas económicas de América Latina. Dicho estudio comienza con una afirmación que hay que tener muy en cuenta: América Latina es la región que presenta más desigualdades. Hoy se calcula que el 40 % de la población, cerca de 200 millones de almas, viven bajo el umbral de la pobreza. El crecimiento económico, sin embargo, se sitúa en torno al 5 %, lo que debe propiciar mayores ingresos fiscales que, a pesar de los pesares, no se gastan con criterios de eficiencia y eficacia.
Es verdad que la población no tiene mucha fe en el sistema fiscal. Probablemente porque el nivel de las desigualdades y la desconfianza hacia las políticas públicas, cualesquiera que estas sean, dificulta sobremanera una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, que ordinariamente manejan castas y grupos que se encaraman al poder mande quien mande con el fin de sacar el mayor partido a su conocimiento y experiencia en el manejo de los intereses generales. Por otra parte, la gente tiene una gran desconfianza en relación con el sistema fiscal porque, entre otras cosas, los impuestos apenas inciden real y efectivamente en la redistribución de la renta en la mayoría de los países de la región.
El informe de la OCDE se cuestiona cómo conseguir una fiscalidad más justa y eficiente. Para contestar a esta pregunta es menester tener muy en cuenta que los hogares con mayores ingresos son los que reciben la mayoría de los beneficios del gasto público. También hay que considerar que las exenciones que se consagran en numerosos sistemas fiscales de la región fomentan la evasión y reducen la recaudación. Por supuesto, no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. En estos países el gasto en educación y sanidad ha de mejorar en cantidad y en calidad.
En fin, si estos países consiguen instaurar sistemas fiscales en los que todos aporten se habrá dado un salto cualitativo sin precedentes. Más, por supuesto, los que más tienen y más los que más se benefician de la situación. El presupuesto público en la región ha de atender numerosos servicios públicos que en ocasiones se privatizan de mala manera entregando a determinadas grupos el control de empresas públicas que una vez en manos privadas pierden, paradójicamente, en calidad. La gente tiene que percibir que el presupuesto público tiene un activo compromiso social que lleva a los gobiernos a estar presentes de modo inteligente en ciertas políticas sociales, educación y sanidad entre ellas, con el fin de garantizar que el derecho de las personas a la enseñanza o una atención sanitaria de calidad sea un derecho de todos no de una parte o sólo de los ricos y potentados.
Desde luego, los programas Bolsa Familia y Oportunidades, puestos en marcha en varios países iberoamericanos son esperanzadoras iniciativas que permiten pensar con ilusión en que el presupuesto público es una activo agente en la disminución de la pobreza y en el acceso razonable y humano de todos los ciudadanos a los servicios públicos. Ojala que vaya cambiando la mentalidad ciudadana en la materia y poco a poco la fiscalidad se vea como lo que debe ser: un instrumento fundamental para que todos los ciudadanos dispongan de condiciones razonables para el ejercicio solidario de los derechos humanos. |
