La teoría de la democracia deliberativa, o el concepto de democracia como debe ser, desarrollado por el filósofo del derecho Carlos S. Nino, tiene como objeto la implementación de un sistema de toma de decisiones en el que prime el debate y el intercambio de ideas, en el cual se garantice la participación de toda la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas. En este sentido, el voto, como una especie de participación en el debate político, sería no sólo un derecho, sino más bien un deber moral, cuya consagración en el texto constitucional, como deber jurídico, debe ser impuesto por los actuales constituyentes. Sostiene, el mencionado autor, que la democracia es lo más parecido al discurso moral, que no es otra cosa sino el diálogo entre personas que adoptan el punto de vista moral, el cual tiene como objetivo el contemplar los diferentes intereses en conflicto con imparcialidad, saber situarse en el lugar del otro.

El punto de vista moral está dirigido a obtener un consenso en acciones o actitudes, a través de una aceptación libre por parte de los individuos, de principios que comparten sobre la base de razones morales, con la finalidad de guiar su comportamiento y sus actitudes frente a las acciones de terceros. Continuando con este razonamiento, las normas democráticas proveen razones para creer que son justas, por lo que justifican la acción o decisión, ya que estas, las normas democráticas, tienden hacia la imparcialidad.

El sistema democrático de discusión colectiva y decisión mayoritaria es más confiable para alcanzar soluciones moralmente correctas, a diferencia de cualquier otro procedimiento político, como una aristocracia, una dictadura militar o una monarquía absoluta. Mis argumentos se basan en aquella teoría sostenida por los demócratas radicales que, muy a breves rasgos, señala que cada persona, con mayor probabilidad, es el mejor juez para decidir sobre sus propios asuntos, aquel que mejor conoce sus preferencias e intereses. De esta manera, el contenido de los principios morales últimos, que deben ser: universales, generales, públicos y categóricos; es determinado dentro de en un proceso de construcción colectiva, en el que todos los participantes consienten por unanimidad.

La teoría deliberativa sostiene que existen ciertos derechos que son condición necesaria para depurar el sistema democrático que, para su satisfacción, generan al Estado no sólo obligaciones de abstención (no hacer, no censurar), sino también obligaciones de prestación (hacer, proveer servicios públicos). Por lo que se propone, sin ser exhaustivo, lo siguiente: alimentación, igualdad de oportunidades positivas en cuanto a la educación, para promover la autonomía personal de los individuos, expandiendo al máximo posible su capacidad para elegir libremente y materializar planes de vida e ideales de excelencia personal; la distribución del máximo de recursos para la erradicación de las enfermedades que son causadas por las necesidades básicas insatisfechas (derecho a la salud), la garantía del derecho a una vivienda digna (que no se inunde con cada invierno), el trabajo digno (pleno empleo), etc.  

Si las precondiciones que apoyan la tendencia democrática hacia la imparcialidad son satisfechas, las normas jurídicas -como señalé anteriormente- tendrán mayor presunción de validez que las leyes sancionadas autoritariamente, mediante la reflexión individual, o de pocos iluminados, debido a que siempre la reflexión en solitario se halla distorsionada por falta de información relevante o por prejuicios (religiosos, raciales, nacionales, políticos) del individuo a favor de sí mismo.

Aún cuando dicha decisión mayoritaria sea incorrecta tenemos una razón moral sustantiva para observarla. Se valora a la democracia por la adopción de decisiones imparciales en el ámbito público. No obstante, aquellas decisiones personales que se toman en la esfera privada y que no inciden en el exterior, no deben ser sujetas a control por parte de terceros, porque van orientadas hacia uno mismo y no sobre intereses de otra gente.

Ahora bien, el voto obligatorio sería, no siendo tan restrictivos y debiendo ser optimistas, una medida que procuraría la imparcialidad, ya que, para cuestiones concernientes al ámbito público, las preferencias e intereses de la mayoría serían tomadas en cuenta. La obligatoriedad del voto es una imposición que coarta la libertad en la elección del plan de vida, pues, sin ser fantasiosos, muchas personas preferirían y de hecho prefieren, no interferir en absoluto en los asuntos de la política, siendo indiferentes a aquello que sucede en su comunidad. Este individualismo sesgado, producto de una cultura liberal, no es un problema para el cual no se encuentren argumentos plausibles que puedan justificar la adopción de una medida paternalista como la obligatoriedad del voto; en la actualidad existe una débil oposición a la imposición estatal de medidas como la de utilizar el cinturón de seguridad mientras se está transitando en un automóvil o a la prohibición de consumir estupefacientes.

De acuerdo con la descripción de la teoría deliberativa, la imposición del voto obligatorio, como una especie de, hasta cierto punto, participación en la formulación de políticas públicas (decisiones mayoritarias), cambia la calificación de perfeccionista a una medida como la que trato de justificar en el presente artículo. Dejo en claro que en una democracia liberal se prohíbe todo tipo de perfeccionismo: ningún tercero, incluyendo al Estado o algún ente colectivo (iglesia), está justificado para imponer -suponiendo superioridad moral o excelencia de su ideología- planes de vida a las personas. Las restricciones a la libertad, que impone el deber jurídico del voto -concurrir cada tanto a las urnas- pesan menos que el valor moral otorgado por la imparcialidad (que los intereses de todos cuenten) en las decisiones mayoritarias; en este orden de ideas, el paternalismo, entendido como la imposición de una conducta (el voto) para permitir a las personas realizar su propio plan de vida (al ser gobernados por leyes presuntamente justas), está perfectamente justificado.