 Durante los últimos días hemos presenciado lo que aparenta ser una de las peores crisis internacionales en la historia de la región andina. Desde el punto de vista del maquiavelismo estratégico, el presidente Álvaro Uribe se ha llevado el primer premio. Todo colombiano decente ve a las FARC como lo que son, una banda de delincuentes que, bajo pretextos ideológicos, manejan un aparato de crimen organizado muy lucrativo. Junto con el narcotráfico, los guerrilleros amazónicos son un lastre que la población del país andino soporta con resignación, un estigma que su gente enfrenta día a día con su trabajo, talento y esfuerzo. Para un bogotano o un caleño cualquier acción que infrinja un duro golpe a estos canallas es bienvenida, incluso a costa de un conflicto diplomático con sus vecinos. Han sufrido demasiado. Uribe lo sabe bien y lo tuvo muy presente a la hora de tomar la arriesgada decisión de bombardear territorio ecuatoriano. El golpe de efecto político justificaría sus sórdidas tácticas.
El gobierno de Colombia, seguramente bajo el tutelaje de Estados Unidos, ha reaccionado rápida y astutamente activando un encuadre (framing) mediático muy efectivo. La situación ha quedado enmarcada de la siguiente forma: 1. Fue un ataque en “defensa propia”. 2. El gobierno de Ecuador había establecido contactos con la FARC. 3. El gobierno vecino mantenía tratos con el enemigo, por lo tanto, el ataque queda justificado. Los principales medios colombianos, tal vez sin darse cuenta, han seguido el juego planeado fríamente desde el Palacio de Nariño: repiten hasta el hartazgo las supuestas evidencias encontradas por los militares con respecto a las relaciones del presidente ecuatoriano con el grupo guerrillero. El último titular de la edición online de uno de los principales diarios de Colombia, El Tiempo, es más que sugerente: “Pruebas fotográficas de vínculos de Venezuela y Ecuador con las FARC reveló el gobierno de Colombia”. Todo queda reducido a una dialéctica de chavistas versus imperialistas. Buenos y malos. Aunque bien es cierto que las bravuconadas del barón del petróleo facilitan mucho las cosas para los estrategas de Uribe.
¿Qué pasaría el día de mañana si el ejército español decide bombardear alguna zona perdida en el Pirineo francés para aniquilar a un comando de ETA? Imaginemos un comunicado oficial intentando justificar tal acción porque se encontraron unos apuntes de un etarra en los que se habla de negociaciones entre la banda terrorista y el Elíseo. Al fin y al cabo, todos sabemos que hasta hace pocos años los terroristas vascos cruzaban con normalidad la frontera en busca de la ansiada impunidad. Se sabe que aún hoy lo hacen, aunque quizás con no tanta comodidad. No obstante, y gracias al alto grado de civilidad alcanzado en el Viejo Continente, este es un supuesto sencillamente inconcebible. El caso del Ecuador es idéntico. Nadie niega que los guerrilleros colombianos crucen la frontera cuando les apetece para descansar y aprovisionarse. Pero ¿acaso eso justifica perpetrar una masacre en territorio extranjero? Si la potencia gala no puede controlar a los etarras que ingresan en su territorio, ¡mucho menos un gobierno sin recursos en una selva impenetrable! ¿Quién juzga la idoneidad de los medios empleados, la potencialidad de bajas civiles, etc.? ¿Sería justificable que el gobierno ecuatoriano haga lo mismo en terreno colombiano para atacar bandas de crimen organizado que, al fin y al cabo, matan más gente que la guerrilla?
Lógicamente, es reprochable que cualquier gobierno del mundo mantenga relaciones con grupos terroristas como las FARC. Pero aun si fuera cierto lo del diálogo directo Quito-guerrilla, no se justifica una acción armada en términos éticos ni jurídicos. Por otra parte, el pretexto de la defensa propia es únicamente válido si se trata de un peligro inminente, frente al cual no hubiese quedado ninguna otra medida distinta a la de bombardear los territorios de otro país en plena madrugada. Si en ese momento un conjunto de morteros apuntaban objetivos humanos en terreno colombiano ¡bienvenido el ataque! Sin embargo, esa no era esa ni de lejos la situación.
La discusión no debe llevarse en términos de soberanías violadas, de casus belli, de afrentas nacionales, ni ninguna de las cursiladas con las que los gobernantes usualmente menosprecian y manipulan la inteligencia de los gobernados. Se trata de una ejecución sumaria, pura y dura. Si los guerrilleros se merecían su suerte o no, ¿quién sabe? Pero incluso los nazis recibieron un juicio antes de ser castigados. Que se haya cometido en terreno ecuatoriano o colombiano, da igual. Lo importante es conocer si la acción fue desproporcionada, o no. Sería bueno saber si Bogotá informó adecuadamente a la inteligencia ecuatoriana sobre los pormenores de la operación o si prefirió simplemente soslayar los formalismos.
Estamos, eso sí, ante un golpe de marketing, una dura lección al boyante empresariado de la extorsión y el secuestro con sede en el Amazonas. De muchas formas se puede explicar lo sucedido en la selva sudamericana. Pero a las cosas se las llama por su nombre: se ha combatido a terroristas insurgentes con terrorismo de Estado. ¿Es necesario acaso palestinizar la rivera del Putumayo para derrotar la lacra de las FARC? Mejor preguntemos a los habitantes de ese lugar donde las fronteras no son más que líneas imaginarias que no representan nada. Y que ahora, tal vez, pasen a simbolizar muerte, destrucción y desencanto. Librémonos de estrechos prejuicios ideológicos. De eslóganes y clichés. No se trata de Correa, Chávez o Uribe. Es cuestión de hacer justicia, de buscar la verdad. No nos dejemos llevar por las corrientes subterráneas del maniqueísmo oficialista aupado en el eco de una crítica hueca. Es imperdonable que la izquierda latinoamericana no haya apagado la destructiva llama ideológica del guevarismo recalcitrante. Cuestión fundamental, pero no es la única ni la principal. La selva del Amazonas necesita, hoy más que nunca, ser exorcizada de todos sus demonios. Todos.
|
