El 24 de enero del presente año, el pueblo guayaquileño salió a marchar por las calles céntricas de nuestra ciudad. El motivo no era demostrar la capacidad de organización de los ciudadanos para acudir a un llamado del alcalde; mucho menos sembrar una actitud anarquista contra el actual régimen. Fue una verdadera manifestación popular de un sentir social que exige la inclusión de la opinión de un  pueblo que ha logrado verse hoy, a si mismo, con dignidad.

 Luego de varios años de pésimas administraciones locales y nacionales, Guayaquil, como fruto de su evolución económica social, encontró su momento histórico de progresar. Ese progreso, hoy conseguido, es el orgullo de quienes habitamos en esta gran ciudad.

 Los modelos de gestión, las visiones de desarrollo local y regional, han tenido sin duda alguna un éxito incomparable frente a las prácticas y herramientas que tradicionalmente han usado los gobiernos centrales para administrar nuestro país.

 El contenido del mandato de Guayaquil, es fundamental para la constitución de cualquier nación que se dice vivir en democracia y desea un mejor futuro por conquistar.

Fuera de todo preámbulo y principio que inspire un mandato legal, resulta hasta cierto punto extraño leer en el contenido del Mandato de Guayaquil, enunciados que pensábamos estaban dados por sentados, como el tema de las autonomías, Estado de derecho, municipalismo, modelos de gestión, indisoluble unidad nacional y muchos otros que no son para nada extraños en el plano nacional, que han sido tantas veces debatidos, analizados y aceptados no solo en nuestro país sino a nivel internacional como temas obligatorios dentro de la legislación de las naciones desarrolladas. Todo esto debería llamarnos considerablemente la atención, pues ¿acaso quiere decir que hemos tenido que proclamarlos nuevamente ante el gran riesgo de que se los pretenda desconocer o mutilar por aquel órgano encargado de redactar nuestra nueva y, supuestamente, duradera constitución?

Sin embargo, más allá del contenido del mandato, se puede apreciar de fondo una respuesta política hacia el gobierno central, enmarcada en una disputa de poder por quien puede predominar en la consecución de un bien común nacional.

Las pugnas políticas entre los principales líderes políticos de un país no son ajenas en el acontecer mundial, inclusive podríamos llegar a decir que son el pan nuestro de cada día. Sin embargo aceptar esta realidad y no hacer nada por controlarlas podría convertirse en el peor veneno para cualquier sociedad. Da la impresión de que en nuestro país se generó una confrontación innecesaria, absurda y peligrosa para la estabilidad política.

Ante una Asamblea Nacional Constituyente lo lógico hubiera sido crear un ambiente de consenso y grandes acuerdos nacionales con los distintos sectores incluyendo a los gobiernos seccionales. Sin embargo, el ambiente previo de la misma generó una disyuntiva particular, aparentemente imposible de conciliar.

¿Habrá sido oportuno crear este clima de tensión a las puertas de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuáles serán las razones para crear esta disputa de poder político? ¿Cuál es el resultado final que se pretende conseguir con dicha confrontación? ¿Es lo más conveniente para el bienestar social? Son preguntas que requieren de una contestación racional.

Por lo pronto tengan por seguro que quienes están llamados a atender el clamor popular, por cuestiones de capricho o “estrategia” política, podrían poner en verdadero peligro el progreso de esta comunidad y su orgullo de identidad nacional, provocando que aquel mandato deje de ser una declaración en búsqueda del respeto a la diversidad de criterios y propiciación de consensos para gobernar, para transformarse en una enfermedad incurable de una asamblea que haga caso omiso a las peticiones de los gobiernos seccionales que durante estos últimos días han sido expresadas y que se buscan incorporar.

Una constitución es legítima cuando aquella es redactada en base al consenso de todos los sectores de una sociedad, respetando y recogiendo todas aquellas visiones entre las que destacan el desarrollo, progreso, identidad, ciudadanía, Estado, economía, derecho, soberanía, seguridad nacional, empleo, salud, educación, cultura, administración de justicia, organización política y territorial. Solo una visión compartida de estos criterios mantendrá viva aquella carta magna que se pretenda redactar.

Ojalá y este momento histórico sea recordado como una oportunidad de consensuar y no como aquel que alteró la paz social. Por favor, ¡conversemos!.