Los líderes políticos presentes en el Foro Económico de Davos han prometido darse una oportunidad más a la ronda de negociaciones Doha y celebrar una nueva cumbre ministerial de Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio, a mediados de abril.  Tanto Tony Blair como el presidente brasilero Lula da Silva hicieron optimistas declaraciones acerca del futuro del desenlace de la ronda Doha. El ex premier británico habló incluso de meses para que la luz aparezca en el túnel en que se encuentran los miembros de la OMC. Por su parte, el presidente Bush, durante su visita a Australia en el marco de la Cumbre de la APEC, hizo un enérgico llamado a seguir adelante con las negociaciones de la ronda Doha. El mandatario americano fue enfático en señalar, refiriéndose a los países miembros de la OMC: “Nos debemos enfocar en los que podemos ganar, no en lo que podamos perder”. Como es ya costumbre en la historia del sistema multilateral de comercial, el tema deal-breaker lo constituye la eternamente pendiente liberalización del mercado agrícola. Ni la Unión Europea ni Estado Unidos, u otras potencias como Japón, quieren dar su brazo a torcer en materia de protección a sus cosechas. Estos países mantienen un altísimo nivel de subsidios a la producción agrícola que distorsiona en grave medida el mercado mundial de estos productos, en particular perjuicio de los países menos desarrollados. Esto se suma a los altos aranceles que enfrentan las importaciones de productos del campo en Europa.

Mucho pueden prometer los “líderes del mundo” acerca de llegar a un acuerdo satisfactorio. Es común que los presidentes promuevan una retórica a favor del libre comercio en foros como estos. Sin embargo, la cosa no es tan simple como se pinta. La negociación de acuerdos de libre comercio es un juego de dos niveles. Por un lado, el gobierno negocia con otros Estados los términos de los acuerdos. Por el otro—y es aquí donde normalmente se queman los panes—, la autoridad debe enfrentarse a la puja interna, a la presión de grupos corporativos y movimientos sociales, es decir, a todos los potenciales afectados de la apertura comercial. Un conocido diplomático estadounidense comentó una vez: “Durante mi mandato pasé tanto tiempo negociando con sectores domésticos y miembros del Congreso como lo hice con los representantes de otros Estados.”

En Estados Unidos hoy el clima no es muy favorable al cosmopolitismo económico. La opinión pública ha inclinado la balanza en contra de la globalización. Muchas fábricas han cerrado y con ellas se han desvanecido puestos de trabajo. Sin, embargo, el mayor problema no ha sido la pérdida de empleos, dado que la economía estadounidense ha compensado con creces el número de despidos con la creación de nuevas oportunidades—sólo de 2005 a 2006, dos millones de plazas laborales nuevas. Lo que en realidad ha suscitado malestar es la creciente desigualdad entre los de arriba y los de abajo. Como señala Robert Z. Lawrence, autor de Blue-Collar Blues: Is Trade to Blame for Rising US Income Inequality? (2008), para los trabajadores con nivel educativo medio o bajo, el poder adquisitivo de sus salarios se ha visto mermado día a día. No así para  aquellos con títulos de universidades de élite y cargos ejecutivos, para quienes las cosas han mejorado en estos años, y mucho.

El discurso anti apertura se ha  apoderado de la tienda demócrata, sumado a las corriente del neopopulismo republicano, encarnada en el frente paleoconservador o en el sensacionalismo chovinista del periodista Lou Dobbs, autor de “Exporting America: Why Corporate Greed Is Shipping Jobs Overseas”. Tanto Hillary como Obama—los aspirantes a la Casa Blanca con más probabilidades—han hablado recientemente de la necesidad de tomarse un tiempo de descanso con relación a la liberalización del comercio. Max Baucus, quien preside del Comité de Finanzas del Senado, comentaba recientemente durante una conferencia en el Peterson Institute of International Economics que los acuerdos bilaterales pendientes—firmados con Corea del Sur, Panamá y Colombia— quedarán relegados mientras no se reforme el programa de ayudas a los trabajadores afectados por la apertura de comercio (Trade Adjustment Assistance, mejor conocido como TAA). Ni que decir de los acuerdos tan cruciales como los que promueve la ronda Doha. Todo esto se suma a la presión del tan intenso como eficaz lobby del sector agrario, grupo de interés muy temido en Washington. No se trata de humildes campesinos en busca de auxilio, sino de verdaderos gigantes corporativos del agro, cabildeando por asegurar sus beneficios a costa del Estado. En promedio, el 10 por ciento de las plantaciones reciben el 75 por ciento de los subsidios asignados (Fuente: Farm Subsidy Database).

En suelo europeo la situación no cambia mucho. Hace pocos meses el presidente de los franceses hacía un llamado a recuperar la tradición del proteccionismo francés. Francia es la principal beneficiaria de las ayudas que brinda la Unión Europea al agro. Las cosechas galas son adictas al soporte de estos subsidios. Y es que el sector campesino en París, representado por la todopoderosa Fédération Nationell des Syndicats d´Exploitants Agricoles, tiene un peso astronómico. En España, segunda beneficiaria del soporte comunitario, la situación no dista demasiado. La misma situación se repite en otros países europeos que no forman parte de la Unión, como la pequeña pero influyente república helvética.

El 8 de febrero la OMC anunció la finalización de dos nuevos borradores que servirán de base para las nuevas conversaciones. Los países afectados por las políticas agrícolas de Europa y Estados Unidos –entre ellos Ecuador—demandan acciones radicales. Y es que hemos sido pacientes. Desde los inicios del sistema multilateral de comercio, con la suscripción del GATT de 1947, el ámbito agrícola ha permanecido como un universo intocable. Ello ha beneficiado desmesuradamente a los países industrializados cuya economía no depende del agro. Los países en vías de desarrollo, por nuestra parte, hemos abierto nuestros mercados a los bienes manufacturados sin recibir trato recíproco en aquello en lo que son más competitivos, los productos de la tierra. La paciencia se agotó. Aunque en realidad no importa. Lo peor que puede ocurrir para Bruselas y Washington es que las cosas sigan como están: completamente a su favor.