Todos queremos el cambio, desde Barack Obama hasta el Presidente Correa.

Todos deseamos darle un giro a nuestras vidas para el bien, actualizando nuestras pretensiones y desafíos. La dimensión del  cambio y su profundidad es un tema que en el mundo moderno tiene un campo más reducido de acción, respecto de aquellos regímenes en donde las reglas básicas de la democracia no están consolidadas. Estos cambios –y la esperanza del cambio- jamás serán de aquellos que se hacen en el Ecuador. Estos, aunque radicales giran dentro de un espectro reducido de la política, en donde la izquierda y la derecha varían drásticamente en asuntos sobre la política económica y exterior pero jamás discuten las reglas de la democracia.  Me explico, ni el demócrata más radical, ni el republicano más recalcitrante en EEUU cuestionan el principio de separación de poderes, la supremacía de la Constitución, o la independencia del poder judicial. Jamás van a cuestionar aspectos como que la iniciativa privada es el mejor motor de la economía, pero discrepan, eso sí, en la cantidad de regulación que debe existir sobre estas actividades económicas. Un demócrata querrá seguramente una mayor regulación de la economía mientras el republicano seguro pensará que es mejor una política de laissez faire.

En Ecuador, no es así, nuestros políticos todavía no se ponen de acuerdo sobre la democracia. La seguimos dudando, la prueba está en que cada 10 años cambiamos el instrumento básico para una democracia: la Constitución. La cambian, aseguran,  porque no están de acuerdo con las reglas del juego democrático planteadas en ella, cuestión imposible si generalmente estos acuerdos sociales se han redactado entre gallos y medianoche, en despachos de asesores extranjeros y oscuras reuniones de la asamblea. Es imposible que una Constitución sea incluyente si solo vamos a tener menos de un mes para debatirla y asimilarla.

Como contraste a esta superficialidad en el cambio, ahora en España se plantea un cambio en el régimen local de los municipios. Fruto de este proceso se ha organizado un Curso de Derecho Local, organizado por la Universidad de la Coruña y la Diputación provincial, en la ciudad de Bergondo dentro de un viejo castillo conocido como el Pazo de Mariñan, en un ambiente propicio para el estudio y la reflexión, con acceso a internet, espacios amplios y cómodas instalaciones. Este curso  tiene como objetivo capacitar a alumnos EXTRANJEROS en la normativa local española con dos finalidades: 1) de integración al sistema español, receptando críticas objetivas de expertos con otra formación, y 2) expandir el régimen consolidado España en iberoamericana. Está de más pretender que cursos de esta envergadura se celebren en el Ecuador, y peor aun para juristas extranjeros, pero es necesario resaltar que capacitaciones de este tipo no reciben una atención adecuada por parte de las universidades ni de las entidades de gobierno local ecuatoriano. Esta alianza ente le universidad gallega y su diputación es -por decirlo coloquialmente- pan de cada día en todas las facultades y áreas de estudio.  Un ejemplo a a seguir por nuestras universidades y gobiernos locales.

Dentro de las jornadas de este curso se llegaron a la conclusión que el cambio es siempre necesario, que la reforma administrativa en particular, es un proceso continuo en busca de la excelencia. Pero estos cambios siempre tienen como fundamento, primeramente la democracia. Para garantizar ésta la consolidación del Estado de Derecho y como su consecuencia inmediata el principio de legalidad. Pero no se quedan en esto, sino que además, se afirman como inclauidicables el principio de eficacia y eficiencia de la administración. Estos pilares fundamentales son un logro del constitucionalismo español que ninguno de sus miembros, por más radical que sea, se atreve a cuestionar.

La modernidad, se dijo durante las jornadas, es una meta a la cual se llega tras un trabajo diario, constante y que implica una constante mejora. Siempre vamos a tener algo más que mejorar respecto del manejo de nuestro país pero es imprescindible y absolutamente necesario marcar el campo del cambio, cuales son la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la sujeción de la Administración a las leyes y al Derecho, la eficiencia y eficacia de la administración, el respeto al pensamiento plural, abierto e incluyente y sobre todo la estructuración del diagrama estatal desde la perspectiva del ciudadano, desde su libertad, que se proyecte e impregne el ordenamiento jurídico.