Según cita Roberto Viciano Pastor (que ha asesorado al bloque de Alianza País)  en “Cambio Político y Proceso Constituyente en Venezuela” (Tirant lo blanch, Valencia, 2001, páginas 171 y siguientes), Chávez señaló: “nos alejamos de los neoliberales que pretenden minimizar el Estado y he ahí otro concepto fundamental de la ideología bolivariana en contra del dogma neoliberal: queremos y necesitamos un Estado suficientemente fuerte, suficientemente capaz, suficientemente moral, suficientemente virtuoso para impulsar la república, para impulsar al pueblo y para impulsar a la nación, asegurando la igualdad, la justicia y el desarrollo del pueblo”.

Luego, el Presidente de la Asamblea de Venezuela, en el discurso de instalación expresó: “En este acto declaro solemnemente el carácter originario, y nadie podrá disminuir el carácter soberano de esta Asamblea y así será consagrada ante la historia de nuestra patria” (Gaceta Constituyente 3 de agosto de 1999, página 2). Esto suponía, en palabras de Viciano,  “la subordinación de todos los poderes públicos a la Asamblea, por lo que el mantenimiento de las normas preexistentes sería válido sólo en tanto no contradijeran los actos derivados de la Asamblea; así constaba expresamente en el artículo primero del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea”. Similar declaración consta precisamente en el Mandato Constituyente Nº1 de la Asamblea de Montecristi.

De este modo, siguiendo los lineamientos exactos del proceso venezolano, la Asamblea de Montecristi se convirtió a partir del 29 de noviembre de 2007, en la SOBERANISIMA, al punto que incluso el pueblo que votó en las urnas el 15 de abril se subordinó a ella cuando al Asamblea desconoció y violó el Estatuto expresamente aprobado por los ecuatorianos en las urnas.

¿Cuál es el paso siguiente? La declaratoria de la Administración de Justicia en emergencia. ¿Por qué lo creo? Por dos motivos. Porque tal como lo señaló el Presidente Correa hace pocos días en una entrevista con Bernard, aún no tiene todo el poder que necesita para hacer los cambios. No es suficiente entonces tener subordinada a la Soberanísima ni tener al Tribunal Constitucional, Fiscalía y organismos de control. Le falta el Poder Judicial. Y segundo, porque ese fue el itinerario venezolano. En Venezuela así se obró dictándose para ello, desde la Asamblea,  una disposición en virtud de la cual considerando “que para enfrentar la crisis política, económica, social, moral e institucional se requiere toma medidas impostergables, muchas de las cuales requieren de grandes transformaciones del marco jurídico institucional, entre las que se encuentran garantizar, la seguridad jurídica, fortalecer la noción de Estado de derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos”, declaró la emergencia judicial. Esta decisión ordenó la “suspensión inmediata de los funcionarios con expedientes abiertos por corrupción, así como la destitución de jueces por retardo inexcusable.” ¿El resultado? Mejoró la Función Judicial? No, porque jamás hubo un plan para hacerla funcionar. Simplemente permitió la sustitución de unos por otros. ¿No es extraño que el Presidente de la Corte señale que no existe Estado de derecho y que los judiciales anuncien paralizaciones? Parece que la emergencia judicial se viene… y con ella las persecuciones.