La situación que vive Bolivia –con la declaración autonómica de cuatro regiones que no aceptan la nueva constitución- puso en el escenario político un término que ya se empieza a escuchar también en Ecuador: la desobediencia civil.
Se trata de un mecanismo de protesta social que consiste en la negativa a prestar obediencia a las leyes y decretos de algún gobierno o poder establecido. La desobediencia puede ser pacífica manteniendo una actitud de protesta contra la autoridad con el fin de rectificar los errores que a juicio de quienes protestan, ésta ha cometido.
Por ejemplo en Bolivia, en noviembre pasado los gobernadores de seis provincias aprobaron un documento con el que llamaron a la “desobediencia civil” contra un decreto del presidente de ese país, Evo Morales, que tenía la intención de recortar los ingresos petroleros de esas regiones para pagar una renta universal a personas mayores de 60 años.
De esa forma rechazaron el decreto de Morales que recortaba los ingresos que perciben esas regiones por la coparticipación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que aumentó drásticamente sus ingresos desde la nacionalización de ese recurso natural no renovable.
Otros casos de desobediencia civil han sido el líder hindú Mahatma Gandhi, y el líder afroamericano Martin Luther King. Gandhi usó esta estrategia cuando India aún era una colonia del imperio británico, con el objetivo de lograr la independencia de forma no violenta. Gandhi llamó a boicotear al gobierno inglés mediante huelgas, movilizaciones y violando la autoridad impuesta. Mientras que Luther King desconoció de forma pública las leyes impuestas en Estados Unidos contra los afroamericanos.
El jurista Jorge Zavala Egas explica que en Ecuador el derecho a la desobediencia civil nace del derecho a la participación política que otorga la constitución. “Todos tenemos derecho a participar eligiendo, siendo elegidos, vía consultas populares, referéndum. Pero una de las participaciones más importantes que nos obliga la constitución de la república es a hacer respetar la constitución”, sostiene. Por lo tanto, dice, del hecho de hacer respetar la constitución vigente nace el derecho a oponerse a todo acto normativo que contraríe a la constitución. Y agrega que la desobediencia civil implica siempre una conciencia colectiva, por lo tanto debe haber una representatividad cuantitativamente mayor, por ejemplo sería el caso de los municipios que tienen una representación.
A criterio del jurista Joffre Campaña el llamado a la desobediencia civil es ineludible. Así lo expresó en su editorial publicado el 18 de diciembre pasado en diario El Universo. En el artículo sostuvo que la asamblea ha violado el mandato popular expresado en las urnas el 15 de abril de 2007, que ordenó que reformar el marco institucional del Estado y redactar un proyecto de nueva constitución que rijan después de la aprobación vía referéndum.
Esa violación, dijo, se consagró en el mandato constituyente número uno, y se ratificó en el artículo 3 del reglamento interno de la asamblea al establecer la supremacía de sus decisiones sobre el orden jurídico y por tanto sobre la Constitución, y al prohibir que tales decisiones puedan ser impugnadas ante jueces y tribunales, estableciendo además la obligatoriedad de su cumplimiento para todos quienes residen en el Ecuador y la advertencia de la destitución y prisión, si se trata de autoridades públicas.
Frente a ese escenario el articulista preguntó: ¿estamos en la obligación de acatar las decisiones de la asamblea?
La pregunta todavía no ha tenido una respuesta colectiva, aunque los primeros intentos por responderla empiezan a surgir desde Guayaquil. Una muestra fue la improvisada marcha que se realizó el pasado 27 de diciembre en la avenida 9 de octubre, luego de que el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, fue impedido de cruzar de Guayas a Manabí donde se dirigía con manifestantes a la reunión de la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
Desde una tarima el alcalde se refirió a la situación de Bolivia. “Allí está Bolivia, altiva que no se deja subyugar por el oficialismo de Evo Morales, y no queremos eso para el Ecuador”, aseguró, y afirmó que “esto no termina hoy, hoy empieza la lucha por la libertad, por la autonomía, por el trabajo, por la comida para la casa de los pobres. Esto es solo es el calentamiento de lo que vendrá en enero, si se insiste en perjudicar a Guayaquil y a la Patria”.
Según una publicación de Diario El Comercio del 30 de diciembre pasado, colaboradores cercanos al alcalde han mencionado que se está organizando “un día de cierre de actividades” en Guayaquil, aunque no implica un paro. Ese día las empresas privadas, entidades sociales y las instituciones seccionales no tendrán actividades, y participarán en una marcha por las principales avenidas. La fecha será en la tercera semana de enero. |