Después de vivir el reciente proceso de aprobación de la supuesta Ley para la Equidad Tributaria (según lo dispone la Constitución Política del Ecuador de 1998, son leyes las expedidas por el Congreso Nacional después de haber seguido el proceso constitucionalmente establecido), estoy convencida de que la actitud de los ciudadanos ante este hecho debe expresarse de dos modos:  Con profundo agradecimiento y con absoluto rechazo, situaciones aparentemente contrapuestas, pero que en realidad no lo son.

Con profundo agradecimiento a los Asambleístas que trabajan para el gobierno, por habernos proporcionado una muestra “no gratis” y por el contrario, excesivamente costosa para los ciudadanos, de lo que será la redacción y aprobación de la nueva Constitución.

El Presidente de la República remitió un proyecto de supuesta ley para que en escasas dos semanas, la mesa de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Nacional Constituyente analice aproximadamente doscientos artículos reformatorios al Código Tributario y a la Ley de Régimen Tributario Interno.  Lo anterior en fechas de absoluta distracción para los ecuatorianos por las fiestas de navidad y fin de año.

Cual empleado en relación de dependencia, la mesa de Legislación y Fiscalización (que si no se dedica a aprobar leyes, no tiene ninguna otra función real) de inmediato inició el estudio de la reforma pretendida, evidentemente sin ningún tipo de objetividad, reforma que evidenciaba dos grandes objetivos:  Centralización y un afán de dotación de super poderes al Servicio de Rentas Internas, institución que como quedó claro en la cadena radial del día sábado 5 de enero de 2008, ha sido y seguirá siendo utilizada como arma de persecución, no a los evasores, sino a todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno.  Ya en un artículo anterior publicado en esta misma columna,  advertí que el Presidente de la República ha instaurado un régimen de temor a efectos de lograr reducir la oposición y seguimiento de sus acciones. 

Como no podía faltar, esta supuesta Ley fue remitida con su dosis de estrategia de distracción.  Así, entre la intención de gravar con el 70% a las herencias, con el IVA a la educación más costosa y con el impuesto a la renta a quienes ganaran desde cinco mil dólares al año, los ciudadanos y los medios de comunicación se desgastaron diez de los menos de quince días que se demoraron los Asambleístas para analizar y aprobar la reforma, cuestionando temas que sólo sirvieron para ocultar la verdadera intención de la misma, al punto que ninguno de ellos fue incluido en la supuesta Ley aprobada.

De una vez, y como para ahorrar esfuerzos, la no inclusión de esos mecanismos de distracción en la reforma aprobada, les viene bien a los Asambleístas que trabajan para el gobierno, puesto que les da una apariencia de independencia, que bastante la necesitan. 

Sin embargo, muy por encima se advirtió sobre la restricción del derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos una tutela judicial efectiva de sus derechos al imponer la obligación de un pago del 10% previo a cualquier reclamación ante los Tribunales de Justicia Fiscal.

Prácticamente nada se dijo sobre una serie de procesos sumarísimos que le otorgan poder a los funcionarios del Servicio de Rentas Internas para en cinco días iniciar procesos, actuar pruebas y juzgar por supuestas faltas o contravenciones a los contribuyentes, atentando contra el derecho al debido proceso y a la defensa.

Menos se pudo analizar la ampliación del concepto de delito de defraudación tributaria, que ahora incluye “todas aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración tributaria”.  Esto constituye una norma penal abierta que sin duda dará lugar a la arbitrariedad y al abuso, más aún en un régimen de facto.

Sobre el régimen de centralización que contiene la reforma tributaria, propia de un gobierno que tiene obsesión por acabar con las autonomías, no hubo tiempo de hablar, al punto de que a quienes quisieron hacerlo, inconstitucionalmente no los dejaron ni pasar.

De la foto publicada en el Diario El Universo el día siguiente de la aprobación de la Ley, se desprende la emoción absoluta de Asambleístas como Ma. Paula Romo, Lenín Hurtado y César Rodríguez, por haberle ganado una pequeña pelea a la autonomía, no de los gobiernos seccionales, sino a la ciudad de Guayaquil, a quienes muchos de ellos denominan “la gran hacienda”, a la que pretenden domar.

Inmediatamente después de aprobada la Ley, la publicidad del gobierno ataca con mensajes de bienestar que buscan aparentar frente al ciudadano que en el Ecuador se vive un clima de democracia y tranquilidad.

De lo anterior se desprende la técnica a seguir: 1. Enviar un proyecto urgente a la Asamblea.  2. El proyecto debe contener dos o tres puntos de distracción que obligue a un debate que obvie el verdadero objetivo de la norma.  3.  Debe quedar poco tiempo para aprobarlo para que sea resuelto rápidamente y no haya lugar al desgaste político en exceso.  3.  La publicidad del gobierno debe estar lista para tratar de convencer a los ciudadanos de que la nueva norma es positiva y de que quien piense distinto pertenece a la vieja partidocracia. 

Señalé que esta actitud merece un profundo agradecimiento.  En efecto, debemos agradecer la torpeza de los Asambleístas que trabajan para el gobierno al desnudar la estrategia para la aprobación de la nueva Constitución. Debemos agradecerles también por habernos proporcionado parte de los principios que se garantizarán en la misma: irrespeto a los derechos fundamentales del debido proceso, legítima defensa, acceso a la justicia, proporcionalidad tributaria, tipificación de infracciones y sanciones, libertad de expresión y de oposición, y por sobre todo, un regreso absoluto a viejas políticas centralistas.

Y por esto es que la segunda actitud que merece de los ciudadanos la Reforma tributaria, es de un absoluto rechazo a todas las intenciones de aprobar la nueva Constitución (que no cabe duda que ya está redactada) en la misma forma en la cual se aprobó la inconstitucional supuesta Ley para la Equidad Tributaria.

De absoluto rechazo a que los Asambleístas sigan faltando al Estatuto aprobado por los ecuatorianos en las urnas al aprobar supuestas leyes para lo cual no están facultados.
De absoluto rechazo a la dictadura. 

No a una Constitución a la medida, dirigida en contra de quienes no somos del agrado del señor Presidente (como los guayaquileños), violatoria de derechos fundamentales, que contribuye a la creación de un Estado irresponsable, que provoque recesión y que pretende centralizarnos nuevamente.