Desde enero del 2007 hasta finales del año, el Presidente Rafael Correa dictó 13 decretos de emergencia, una medida sin precedentes ya que ningún otro presidente había utilizado hasta ahora esta herramienta de forma tan frecuente en un solo año. El objetivo fue atender de forma rápida las necesidades de ciertos sectores, y para destinar recursos de manera ágil y sin pasar por los filtros de una situación normal.

De esa forma el Presidente dictó decretos de emergencia en el sector eléctrico, vial, educativo, penitenciario, agropecuario, de hidrocarburos, policial, entre otros. Sin embargo, un año después la medida evidencia que aportó poco para la resolución de los problemas de esos sectores.
Un ejemplo es la declaración de la emergencia para determinadas áreas de la Policía Nacional. El 15 de octubre de 2007 Correa decretó la emergencia para las áreas de infraestructura, comunicaciones y medios logísticos, investigación científico-forense, policía comunitaria y seguridad social. “Pero no tiene ningún resultado, siguen los asaltos y secuestros” comenta Alfredo Pinoargote, director del programa Detrás de la Noticia.

Ese argumento se sustenta en las noticias de prensa. Por ejemplo, el 1 de noviembre pasado, 15 días después de haberse dictado la emergencia, el diario El Universo reportó tres asaltos del tipo ‘sacapintas’ en Quito y Guayaquil que dejaron pérdidas por 29.600 dólares; mientras que ocho días después reportó cuatro asaltos del mismo tipo solamente en Guayaquil que dejaron una persona herida y 20.000 dólares en pérdidas.

Aunque la emergencia se dictó en octubre, un mes después los resultados aún no eran visibles. Una estadística de la Policía Judicial de Guayas registró entre enero y noviembre del año pasado 37.000 denuncias, 6.500 por robo simple, 4.700 por robo agravado, 1.469 vehículos robados, 1.054 robos a domicilios, entre otros.

Los decretos de emergencia del Presidente Correa recibieron las críticas de los sectores de oposición. Por ejemplo en mayo pasado el ex diputado Diego Ordoñez, de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), catalogó a las emergencias como “absolutamente violatorias de la Constitución”. En ese momento explicó que según el artículo 181 de la Constitución, las emergencias se aplican en un estado de excepción; y “no de una forma regular para escabullirse los controles y gastar sin regulación”. Aunque otros, como la ex diputada Vilma Andrade, defendió la medida y aseguró que se justificaba especialmente en áreas como la educación.

Los decretos de emergencia sí tienen un fundamento jurídico en la Constitución de la República. Según el artículo 180 el Presidente está facultado para decretar la emergencia en todo el territorio nacional o en una parte de él, “en caso de inminente agresión externa, guerra internacional, grave conmoción interna o catástrofes naturales”. La agresión externa y guerra internacional no se han ajustado a la situación del Ecuador como causas para la declaratoria de emergencia, mientras que las catástrofes naturales provocaron la declaratoria de la emergencia por la erupción del volcán Tungurahua y de la emergencia agropecuaria para mitigar los efectos negativos de los fenómenos naturales.

El artículo 181 de la constitución determina que después de la declaratoria de emergencia el Presidente de la República podrá asumir –entre otras atribuciones- la de decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones; así como invertir para la defensa del Estado o para enfrentar la catástrofe, los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.

Por ejemplo el decreto por medio del cual se declaró la emergencia vial dispuso la utilización del Fondo de Ahorro y Contingencias para atender las necesidades de ese sector.

A criterio de Alfredo Pinoargote, director del programa Detrás de la Noticia, el gobierno ha abusado en la práctica de declarar emergencias.

“No se justifica declarar una emergencia vial cuando no llovía, es un truco para movilizar los dineros del Estado y disponer de 900 millones de dólares. Los resultados son muy pobres, en vialidad no se ven los resultados, las carreteras siguen dañadas y ya se acabó la estación seca, ahora cuando venga la lluvia será peor”, sostuvo.

Pinoargote afirmó que la decisión del gobierno de encomendar tareas al Ejército y la Marina, como la emergencia vial y la administración de Petroecuador, ha sido una práctica similar en Venezuela y en Irán. “Es una forma de asegurarse estabilidad porque en el país han tumbado a presidentes cada año y medio y piensa que así se cura en salud pero yo pienso que es un craso error” indicó.

En el caso de la emergencia vial, a través del decreto el gobierno encargó al ministerio de Transporte y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército la ejecución de dicho decreto. Incluso, en caso de ser necesario, el decreto autorizó contrataciones y adquisiciones de maquinarias y equipos.
Hasta septiembre de 2007, la cifra oficial del costo de la emergencia vial era de 202 millones de dólares según Marco Vera, director del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La emergencia vial incluye doce proyectos que tienen un costo de 115 millones de dólares, pero a eso se suman 87 millones para la construcción del puente Bahía San Vicente.