Si algo caracteriza al régimen que nos gobierna, a más del desprecio por el derecho y por la ley, es la gran capacidad para generar un clima de absoluta incertidumbre.

Esta incertidumbre no opera únicamente respecto del ordenamiento jurídico, aunque en gran parte se origina en él.
En efecto, cuando la Asamblea Constituyente, burlándose de la voluntad popular expresada en las urnas el 15 de abril de 2007, pretende gobernar y legislar, haciendo tabla rasa de la Constitución, provoca el caos en el ordenamiento jurídico y sitúa a los ecuatorianos en un escenario sumamente grave: el de la inseguridad jurídica.

Como se sabe, seguridad jurídica no es otra cosa que  certidumbre respecto del derecho vigente y de la forma como ese derecho vigente va a ser aplicado. Si esta certidumbre desaparece, no existe la más mínima posibilidad de inversión nacional o internacional. Sin inversión no existe generación ni mantenimiento de empleo y sin empleo no hay forma posible de obtener una calidad de vida que asegure el respeto a la dignidad de las personas.

En este escenario de incertidumbre que mantiene prácticamente paralizado al país, y ante la urgente necesidad de obtener de forma inmediata dinero para el Estado, se dicta una muy mal llamada Ley de Equidad Tributaria, dictada por un órgano que no tiene facultad para dictar leyes y dictada al margen del procedimiento previsto en la Constitución para que se dicten las leyes. Esta supuesta ley se publicó en el Registro Oficial y con ella se pretende, en lo formal, la modificación de varias normas jurídicas dictadas por órganos competentes, es decir, con facultad para dictarlas, y con sujeción al procedimiento previsto en la Constitución. Como fácilmente se aprecia, varias normas jurídicas que sí son leyes, pretenden ser modificadas por decisiones que aunque se llamen leyes, no son tales, por los motivos que han sido señalados.
Con ese antecedente, ¿cuál es la ley vigente? Jurídicamente no hay ninguna duda. La ley vigente es la única que se ha dictado por órgano competente y de acuerdo con la Constitución. Esto significa que la mal llamada Ley de Equidad Tributaria, no es ley y que por tanto, no puede modificar ni al Código Tributario ni a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Si jurídicamente ni el Código Tributario ni la Ley de Régimen Tributario Interno ni ninguna otra ley ha sido modificada, ¿cuál es la norma que deben cumplir los ecuatorianos? Indudablemente las normas que han sido dictadas por órgano con facultad y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir cuando alguien quiera cumplir las leyes vigentes?  Muy sencillo, el Servicio de Rentas Internas, que depende del Gobierno, hará caer todo el peso del abuso sobre ese ciudadano o empresa. Se iniciarán los juicios penales y, por la fuerza, se cobrarán los tributos  injusta, ilegal e inconstitucionalmente fijados.  Y por supuesto, se lo obligará a cumplir una ley que no es ley.

Ante estos hechos, cuando una persona normal consulta a un abogado, éste no tiene más remedio que explicarle lo indicado y recomendarle que si no quiere ir a la cárcel deberá cumplir con las órdenes ilegítimas e inconstitucionales del Gobierno y del Congreso Constituyente. Obviamente el ir a la desobediencia civil no es una opción para la mayoría y requiere altísimas dosis de sacrificio y valentía.

¿Genera este escenario seguridad jurídica? Indudablemente no. Pero si lo señalado ya es grave, lo es más el hecho de que nadie puede impugnar las decisiones del Congreso Constituyente que se dictan al margen de la Constitución. Así lo señaló el 4 de enero de 2008 el Tribunal Constitucional, pese a que su Presidente señaló que en realidad lo que existía era una inadmisión de la demanda por decisión de la Comisión  de Recepción y Calificación del Tribunal Constitucional. Escuchar estas afirmaciones no hacen más que ahondar la preocupación. Si la Comisión de Recepción y Calificación no es el Tribunal Constitucional, entonces ya no sabemos qué es el Tribunal Constitucional. Esta Comisión es un órgano del Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente y Vicepresidente y por un Vocal. Que la decisión de no admisión fue adoptada solamente por su Presidente, Vicepresidente y un Vocal y no por los 9 miembros, no significa que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado. Por el contrario, la inadmisión de la demanda, con el pueril argumento de que  el propio Mandato Constituyente Nº1 impide que el Tribunal admita a trámite la demanda, constituye un pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional.

Pero la incertidumbre no es únicamente jurídica. Por el contrario, es fundamentalmente empresarial y patrimonial. ¿Quién destina hoy por hoy sus ahorros para inversión en vivienda, por ejemplo, si sabe que a la muerte es necesario entregar una parte muy importante de ese patrimonio al Estado? En Panamá existe una exoneración total de impuestos a las nuevas inversiones en inmuebles. Por eso y por la seguridad jurídica panameña el crecimiento económico es imparable. Si alguien construye en Panamá, se contratan obreros de Panamá; abogados de Panamá; ingenieros de Panamá, técnicos de Panamá. Pronto Panamá tendrá que importar mano de obra. Y mientras tanto, en Ecuador seguimos diseñando todo el sistema legal para perseguir a los que tienen un poco más y que son precisamente los que pueden generar empleo gracias a la inversión.

Es claro  entonces que la política gubernamental lo que busca es igualar a todos, pero en la pobreza. Si no se genera riqueza, ¿cómo va a mejorar la calidad de vida de la gente?

Tan dramático es el entorno, que los efectos se sienten en una nueva generación de jóvenes que al salir al mercado laboral no encuentran ningún tipo de oportunidades. ¿Dónde van a trabajar las decenas de miles de jóvenes que terminan el bachillerato y la Universidad año tras año?  Al no crear espacios laborales se produce una sobreoferta que provocará nuevas migraciones. Seguramente cuando eso ocurra nos dirán que la política laboral del gobierno es un éxito. Tan grave es lo que está ocurriendo que incluso se ha llegado a cambiar la metodología para el cálculo del desempleo, de tal manera que los resultados que ahora saldrán nos harán creer que el desempleo disminuyó.

Frente a esta incertidumbre, la respuesta gubernamental es mediática. Con una avalancha de publicidad pretenden hacer creer a los ecuatorianos que quienes nos oponemos a la violación del ordenamiento jurídico lo hacemos porque representamos oscuros intereses asociados con la Partidocracia. Esta respuesta del gobierno es la más absurda que hemos escuchado en los últimos años.

Muchos ecuatorianos que criticamos la acción del gobierno lo hacemos desde la óptica de los principios. Creemos en la obligación de utilizar el poder para servir y no para servirse y por supuesto creeos en la obligación y necesidad de construir un Estado que sirviendo los intereses de la colectividad pueda ser calificado como de derecho, con sujeción plena a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. Lo último que deseamos es el regreso de la vieja y contaminada clase política. No queremos nuevos dueños del país. Con Febres Cordero ya tuvimos suficiente. Por eso lo que requerimos es un gobierno que siente las bases de una nueva institucionalidad y que construya una sociedad auténticamente democrática, en la que la libertad pueda vivirse a plenitud en un marco de solidaridad, con un reparto del poder político hacia lo local, ya que no existe mejor gobierno que aquel que está más cerca de los ciudadanos.

Sin embargo, lo que apreciamos es todo lo contrario. Las libertades se restringen, el poder se concentra en pocas manos, se ataca al municipalismo, se propicia el totalitarismo y el estatismo, se atacan las formas de administración de lo público que sí funcionan y se cierran las esperanzas e ilusiones de tener un país en crecimiento que sea capaz de lograr la plena realización de todos.