El Presidente de la República ha anunciado la creación de un canal de televisión pública, orientado a “democratizar los medios”. Al parecer, la estrategia del gobierno consiste en crear una estación, propiedad del Estado, para contrarrestar la presión mediática de la oposición, encarnada en ciertos grupos empresariales. No podría estar más de acuerdo en que la concentración de muchos canales en manos de ciertos conglomerados económicos es un verdadero problema en Ecuador. Hace unos años escuchaba, en una charla en la Universidad Católica de Guayaquil, como uno de los propietarios de algunos de los canales de TV con más audiencia, acorralado por las preguntas de los estudiantes, aceptaba con el mayor descaro que utilizaba los medios de su propiedad para “defenderse” del gobierno e iniciar campañas de desprestigio contra las autoridades que acusaban a sus socios de graves delitos financieros.

La relación entre medios y el mundo corporativo es un tema que suscita mucha polémica en todo el mundo,  y ha sido extensivamente tratada por diversos expertos, entre los que se cuenta al afamado intelectual Noam Chomsky.  La monopolización mediática no es un mal endémico a nuestro pequeño cosmos andino-tropical, lo mismo sucede en Europa con el monopolio mediático de Berlusconi en Italia o el de la familia Polanco en España, o en Estados Unidos, donde Rupert Murdoch, propietario de la FOX, hace un uso desfachatado de su influencia mediática para  manipular la opinión pública. Existen otros ejemplos patéticos de vínculos sospechosos entre poder, dinero y medio; tal es caso el de la cadena NBC, propiedad de General Electric ó dicha empresa es  una de los principales proveedores de tecnología bélica del Pentágono. O el monopólico imperio de las radios del gigante Clear Channel, propiedad del magnate de las telecomunicaciones, Sumner Redstone (más información sobre este tema: www.fair.org).

En Ecuador, también tenemos nuestros propios ciudadanos Kane, aunque en una versión mucho más grotesca y menos glamorosa que la encarnada por el genial Orson Wells. Con excepciones obvias y muy puntuales, los medios privados ecuatorianos son muchas veces instrumentos del matrimonio entre ciertos sectores poder político y económico. Sin embargo, me parece que la creación de un nuevo canal estatal no es la respuesta adecuada para contrarrestar esa situación.

La TV pública en la mayoría de los países donde funciona, lo hace a perdida. La respuesta de quienes defienden su existencia es que ese precisamente es el elemento distintivo de la TV estatal: No necesita ser rentable, por lo que no es susceptible de convertirse en rehén de afectos corporativos y puede dedicar su programación a difundir la cultura y los “valores democráticos”, sin preocuparse por los beneficios. Hay un error en esta posición, consecuencia de un razonamiento falaz. Una de las premisas de los que apoyan dicha postura es que el hecho de que no exista una junta de accionistas exigiendo beneficios al final del año, las TV estatales están exentas de oscuros intereses. Mentira, uno de los grandes problemas de las estaciones televisivas nacionales ha sido precisamente el tema de la manipulación proveniente de las autoridades de turno. Ejemplos sobran: Durante los años del dictador Franco, los canales de TV españoles eran un mero instrumento propagandístico de la dictadura conservadora. Aún en nuestros días, en la España de Aznar, o en la de Zapatero, es siempre perceptible el cambio de discurso político de la TV pública.

Las estaciones estatales tienden a convertirse en rehenes de una clase de sujetos mucho peor que un puñado de accionistas avariciosos: unos políticos con necesidades electorales y pocos escrúpulos. Un caso patético fue el de la famosa RAI, el canal estatal italiano, durante los años de Berlusconi. El cavalieri, no contento con su imperio mediático transnacional, hizo de la TV del popolo un feudo que controlaba a su antojo, expulsando a toda persona que osase criticarlo de más (recomiendo ver documental de Sabina Guzzanti, “Viva Zapatero”).

En definitiva, aún si hubiera buena voluntad para hacer de la TV estatal un ágora de democracia y cultura, la experiencia demuestra que rara vez ¡por no decir nunca! dicho objetivo se materializa. En primer lugar, no esta exenta de “oscuros intereses” sustituir unos accionistas avariciosos con políticos adictos al poder no es precisamente una garantía de transparencia e imparcialidad.  Y, por otra parte, en lo referente al tema de la difusión de valores y cultura. Bueno, si, la verdad es que la TV pública, en Europa por ejemplo, emite más documentales de ciencia y cultura que las cadenas privadas. El problema radica en que nadie los ve. La TV estatal en Europa tiene muy bajos niveles de audiencia. Ni que decir de Teves (Fundación Televisora Venezolana Social). De acuerdo con datos muy recientes, el canal revolucionario de los venezolanos no llega a ni al 3.6 % de audiencia.

 La evidencia es obvia: la TV del pueblo es poco efectiva como arma para la promoción de la cultura y la democracia, y además tiende a convertirse en una mera herramienta política. No tiene lógica dedicar una cantidad tan grande esfuerzos y recursos, sobre todo cuando estos son escasos a un proyecto que tiene pocas probabilidades de cometer con eficacia su objetivo.

La TV publica en Ecuador seria un instrumento para vender las ideas políticas del socialcorreísmo lo cual hasta puede que sea una aspiración legítima, pero el presidente debe siempre recordar que todo lo que sube baja, ¿qué pasará cuando las corrientes electorales arrastren al actual gobierno y dejen un nuevo inquilino y otra bandera ideológica en Carondelet? No olvidemos manipulando las palabras de Deng Xiaoping que el espectro electromagnético no tiene conciencia de clase; los socialistas lo usarán para promover el socialismo, y los capitalistas lo usarán para defender el capitalismo.

Una verdadera medida de democratización mediática sería la liberalización del espectro de ondas de megahertz mediante la eliminación de trabas burocráticas. Hoy en día, es considerado normal aceptar que el espectro electromagnética como un bien del Estado. Pero no siempre fue así. Aún más, la burocratización de las ondas no fue una medida apoyada por la izquierda, sino todo lo contrario. Antes, las ondas que circulan por el aire eran tan libres como el aire mismo, todo cambió recién en 1927, con una medida legislativa aprobada por el parlamento americano para neutralizar la propagación de ideas subversivas.

La tres primeras décadas del siglo veinte constituyeron una Época muy fecunda en los Estados Unidos, con una economía industrial en expansión y una población urbana cada vez más tecnificada y acoplada al frenesí de nuevas tecnología. Hasta 1927, en Estados Unidos, la radio era un cosmos de relativa libertad. Cualquier persona con conocimientos necesarios y un radio transistor podía emitir señales de radio. El único requisito burocrático exigido era el envío de una carta postal al Secretario de Comercio, quien asignaba una frecuencia. Un verdadero forum de ideas, con el potencial de llegar a casi 25 millones de personas, si se tenia el equipo y los conocimientos adecuados. Ello motivó la proliferación de estaciones que promovían ideas políticas nuevas, producto de una nueva clase media que cada vez era más consciente de sí misma. Dicha situación no fue del agrado de la clase política, ni de las pujantes corporaciones mediática que se empezaban a formar. Así, diseñaron una nueva estructura administrativa  dedicada a controlar la asignación y uso de frecuencias de radio, la Federal Radio Commission, antecesora de la Federal Communication Commission, (que durante los turbulentos días anteriores a la guerra de Irak, fue presidida por Michael Powel, el hijo de Secretario de Estado por aquel entonces, y antiguo accionista de AOL, Collin Powell). La burocratización de las ondas ha contribuido a que los grandes grupos mediáticos se enquisten en las instancias de poder estatal relacionadas a la regulación de los medios.

Como señala el profesor Mark Goodman, de la Universidad de Mississippi, el Congreso buscó apagar las voces de los grupos socialistas, comunistas, evolucionistas y de todas aquellas tendencias ideológicas que consideraba enemigas de la estabilidad estatal. Mucho de los legisladores recelaban el creciente poder de la radio como un mecanismo que llamaba a cambios políticos radicales y reformas sociales. Como cura en salud, la agencia estatal creada por la Ley de 1927 recibió los poderes necesarios para proteger a sus oyentes de aquellos desterrados del mundo radial por razones de interés público, conveniencia y necesidad.

Aprovechemos la fragua constituyente para deshacernos del paradigma de que la concesión de frecuencias tiene que llevarse a cabo mediante un engorroso trámite burocrático. El espectro electromagnético debe volver a ser una dimensión de libertad, y no un nicho de poder sujeto a la frívola voluntad de un grupo de tecnócratas, y proclive a la manipulación de grupos corporativos con la magnitud económica  necesaria para defender sus intereses. La influencia desmedida del Estado en el dialî, como sucedió con la repartición indiscriminada frecuencias de radio, ha derivado en un festín de favores políticos.

Tampoco se trata de aferrarse a utopías neoliberales sobre el mercado de las ondas, ni de un llamado a las barricadas del anarquismo telemático. El gobierno puede y debe reservarse facultades de control, pero sólo en la medida de lo estrictamente necesario. Las concesiones deben ser realizadas mediante procedimientos más simples y transparentes. Sería necesario el establecimiento de la doctrina de la equidad (conocida en EEUU como Fairness doctrine), por la cual todo reportaje sobre asuntos controversiales trasmitido por las estaciones de emisión debe ser objetivo, equitativo e imparcial. En virtud de dicho principio, en EEUU, las personas aludidas por reportajes de TV, radio o prensa tenían derecho a presentar su réplica sobre la información divulgada.  Lastimosamente, dicha doctrina fue abolida de un plumazo por la administración Reagan.

La mejor fórmula para contrarrestar el poder mediático contrario al gobierno repito, lo cual me parece una aspiración legitima seria promover la utilización de Internet, promoviendo el acceso de la población al material y equipo informático necesarios. Apoyo financiero y trato preferencial a empresas mediáticas nuevas. En la década de los treinta, Franklin D. Roosevelt, sorteó la intensa oposición de la prensa, controlada entonces por la oligarquía estadounidense, mediante una activa participación en la radio, cosmos que todavía no estaba dominado por Coporate America. Hoy, el ciberespacio representa esa tierra imparcial donde el gobierno puede promover sus ideales.

P.D. Otra medida adecuada, si se realiza por los cauces adecuados, sería desmantelar el actual monopolio de la TV por cable, no como una reivindicación política del gobierno sino por tratarse de un problema que en cualquier país de Europa o en Estados Unidos sería considerado y regulado como un fallo en el mercado.