Fruto de varias décadas de malos gobiernos, ruptura del estado de derecho, pobreza, injusticias, ilegalidades, arbitrariedades, etcétera; el quince de abril del presente año el pueblo ecuatoriano decidió arrasantemente en las urnas instalar una Asamblea Nacional Constituyente con dos fines: primero, elaborar una nueva Constitución; y, segundo, reformar el marco institucional del estado.
La mayoría por el SÍ era obvia pero a la vez aterradora. Un elevadísimo porcentaje de votantes desconocían lo que implicaba instalar una Asamblea Constituyente de PLENOS PODERES. Se tomó una decisión sin tener la más remota idea de las consecuencias que conllevaba esa medida. En fin, optaban por una decisión desconcertante y poco profundizada con tal que se den los cambios imperiosos para el desarrollo y mejoramiento de nuestro país. Respecto a la elaboración de la nueva Constitución, puedo afirmar tajantemente que se quería cambiar algo que se desconocía, total o parcialmente.
¿Qué se quiere cambiar de la Constitución Política del Ecuador? ¿Acaso la actual Constitución es inservible u obsoleta? ¿Tuvimos la oportunidad los ecuatorianos de informarnos y concienciarnos de lo que involucra este trascendental cuerpo normativo?
Resulta incuestionable que todo individuo de una sociedad, por más ignorante que sea, tiene una básica noción del derecho. Todo ciudadano reconoce la existencia de un marco jurídico que regula las actuaciones del estado y de sus habitantes. Pero, también es innegable, que la mayoría desconoce lo que implica o involucra ser titular de los derechos y obligaciones plasmados en normas legales.
En el caso ecuatoriano, pocos afortunados habrán podido revisar la norma jurídica de mayor importancia: la Constitución.
Quizás muchos no la han leído por desinterés o apatía a la “cultura jurídica”, otros con la excusa de que las normas jurídicas han sido relevadas de importancia y jerarquía, debido el quebrantamiento a diario de aquellas, desde el más alto funcionario hasta el común ecuatoriano. Otra razón: nuestros gobiernos jamás le han dado la concienciación merecida.
La Constitución es la norma fundamental y rectora de todo ordenamiento jurídico dentro de un estado; es un esquema reglado y ordenado, que tiene como finalidad garantizar derechos fundamentales, controlar el imperio de la ley, establecer límites a la administración pública, distribuir el poder, separar las funciones del estado, etcétera. Constituye un sistema de reglas fijas, de carácter supremo respecto a las demás normas jurídicas, inquebrantable e insuperable. No se limita a ser un texto meramente declarativo, mas bien debe entenderse como la primera norma aplicable frente al abuso del poder y la arbitrariedad.
Un país en el cual rige eficaz y efectivamente la Constitución tiene como característica la sumisión de los ciudadanos al estado de derecho, al cumplimiento del ordenamiento jurídico, al IMPERIO DE LA LEY.
Por esto, la Constitución debe ser una herramienta básica, expresada en libertad y soberanía, en donde se planteen las necesidades populares; con la participación y representatividad (democracia) de todos los sectores sociales; una instancia en la cual los intereses del pueblo se vean armonizados.
Cualquier individuo que se detenga a revisar, analizar y comprender este cuerpo normativo que rige con supremacía respecto a cualquier otra norma jurídica, habrá notado que la actual Constitución es buena, es decir, cumple con las expectativas de las necesidades sociales. En la Constitución vigente se encuentran garantizados derechos como la vida, la salud, la educación, la propiedad privada, la libertad de expresión, etcétera. No obstante, hay que reconocer que en muchas ocasiones dichos preceptos fueron desconocidos o transgredidos por los funcionarios que ejercen el poder, dando como resultado el país que tenemos: pobre, desorientado, sin representación ni participación, con desigualdades, etcétera. La Constitución como cuerpo normativo existe, lástima que en muchas ocasiones no haya sido aplicada y que por tanto, haya sido irrespetada.
Puedo afirmar que la Constitución Política del Ecuador en sí no es la culpable de los males que aquejan a nuestra sociedad, sino mas bien los hombres que forman parte del estado y que ejercen el poder. En consecuencia, de nada serviría los esfuerzos para la elaboración de una nueva Constitución, si el poder lo siguen ostentando unos cuantos privilegiados. ¿O acaso con una nueva Constitución los ecuatorianos nos volveremos honrados, sabios, virtuosos, justos, etcétera? Sin duda alguna.
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