 Cuando Sieyés escribió en la Francia de 1789: “El Tercer Estado”, seguramente no tenía conocimiento que siglos después se lo conocería como el formulador original y auténtico de la doctrina del poder constituyente del pueblo, esto es, el creador de la tesis a través de la cual el pueblo tiene el derecho genuino, originario y exclusivo de dictarse su propia Constitución.
218 años después, y a muchos miles de kilómetros de la bella París, en la mitad del mundo, donde la misión geodésica francesa tuvo por bien denominar a este país con el nombre de Ecuador, el Congreso Nacional ha dispuesto que el TSE, convoque a una Asamblea Constituyente con: “…plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado y para elaborar la nueva Constitución, respetando la voluntad popular expresada en la urnas tanto el 15 de octubre como el 26 de noviembre de 2006…”.
No cabe ciertamente en este espacio entrar a discutir si la Asamblea Nacional es Constituyente o Constitucional, esto es, si puede “refundar” el Ecuador o solamente reformar la Constitución , o discernir si estamos en presencia de un poder constituyente originario o derivado.
Lo que sí cabe en este momento es manifestar que la inmensa mayoría de los ecuatorianos que votaron por Rafael Correa, votaron para que en el país se instale una Asamblea Constituyente y eso es lo que se decidió el día 13 de febrero de 2006.
Cabe pues plantearse que es lo que queremos los ecuatorianos de esta Asamblea. Creo, como lo defendió Messenet, igualmente en Francia pero en 1975, que se torna necesario introducir algunos modelos de gestión privada dentro de la administración pública. En otras palabras, se torna urgente e imperativo la renovación de la gestión pública a través de la adopción de las técnicas del management privado.
Así mismo, y como un imperativo categórico, es necesario impulsar, a través de las autonomías, el nuevo modelo de desarrollo a instaurarse en nuestro país, que asegure la calidad de los servicios públicos y el fortalecimiento de la democracia, rompiendo y haciendo que desaparezcan de manera rápida y sostenida, esas brechas y asimetrías que existen en los ricos y pobre.
¿Cuál es entonces la propuesta? Ir a la Asamblea con el objetivo cifrado de establecer en la Constitución los gobiernos autonómicos, con sus funciones, atribuciones y competencias. ¿Qué conseguiremos con esto? Que a través de un amplio proceso de descentralización, se transfieran de manera sostenida, creciente y de manera eficaz, atribuciones, funciones y recursos de los niveles centrales de gobierno a los gobiernos locales: y, adicionalmente, mejorar la provisión de servicios e infraestructura que permita aumentar la competitividad de las ciudades y de esa forma, promover el crecimiento económico de los municipios y las comunidades autónomas.
Pretender desconocer, como se lo ha hecho desde 1830, que los gobiernos locales son los que más conocen las necesidades de sus vecinos y son los que pueden trabajar de mejor manera con los empresarios locales y organizaciones de la sociedad civil, es sencillamente el resultado de una política centralista, asfixiante y caduca, que debe desaparecer definitivamente.
Lo que se busca en definitiva con la implementación de este nuevo modelo de desarrollo que se llama Autonomías, es mejorar la gobernabilidad democrática de los gobiernos locales y, sumados todos ellos, del Ecuador entero. ¿Cómo? Implantando mecanismos eficientes que favorezcan la participación de la comunidad, del ciudadano, en las decisiones que les afectan, así como permitiendo a los ciudadanos ejercer una supervisión efectiva de la gestión municipal.
Lo que se busca entonces, es un gobierno local transparente que fomente la participación de la comunidad en las decisiones y en la solución de los problemas. ¿Qué mecanismos pueden ser éstos? Permitiendo al vecino pronunciarse de cuando en cuando, a través de las consultas municipales o provinciales permitidas en la Ley , sobre el destino que los gobiernos locales deben darle al presupuesto del cantón o la provincia.
Además, establecer un jurídico que obligue a los gobiernos locales a informar de formar regular y veraz sobre sus acciones, provisión de servicios o financiación. Establecer, en conclusión, principios o fundamentos de un buen gobierno local.
Vamos a una Asamblea que nos permita vivir mejor, con calidad de vida, con respeto a la libertad de empresa con sujeción a la ley, la seguridad jurídica y la tutela judicial y efectiva de nuestros derechos, además de que se instaure finalmente la seguridad jurídica y por sobre todas las cosas, el imperio de la ley, es decir, el respeto al orden jurídico constituido. Trabajemos juntos cambiar y conseguir al nuevo Ecuador que todos queremos. |
