¿Por qué las cuestiones políticas suenan tan ajenas a las preocupaciones del ciudadano común? El parlamento representativo, palestra democrática por excelencia, tendría que ser el foro donde los delgados del pueblo discutan lo que conviene a sus electores. Paradójicamente, eso no ocurre a menudo o, por lo menos, la mayoría de los ciudadanos nos sentimos ajenos al debate de nuestras autoridades. Insensibilizados por concepciones idealistas de “lo político”, nos contentamos con acudir a las urnas y depositar nuestra confianza en la promesa que nos atraiga, rechazamos o aceptamos pero otros proponen, tragamos sin masticar, flotando a la merced de poderosas corrientes que apenas percibimos. A pesar de ello, ingenuamente nos imaginamos marcando el curso colectivo.

Esta sórdida cuestión atrajo la atención, hace más de medio siglo, de James Buchanan, premio Nóbel de Economía y fundador de la Teoría de la Elección Pública ( Public Choice Theory ). Según decía Buchanan, más que proponer una elaborada doctrina, buscaba contemplar la política con sentido común, abandonando el habitual romanticismo académico. Buchanan sostuvo que, desde una perspectiva realista, en la mayoría de los casos, cuando los individuos acceden a un cargo público, ejercen ese puesto obedeciendo a intereses personales. El interés general no es más que un disfraz retórico de cara a la galería, requisito necesario para llegar y mantenerse en el poder. El burócrata elegido por votación popular es un sujeto que simplemente cambia de situación, de la esfera privada a la pública, un nuevo mercado con distintas condiciones. Los “clientes” en este medio son los grupos de interés (conglomerados corporativos, organizaciones políticas, partidos, etc.) que buscan una clase de bienes (favores y privilegios, no sólo económicos) que únicamente el gobierno puede brindar, a cambio de un precio (contribuciones de campaña, alianzas electorales, etc.). Así, en nuestro país se nombran contralores, fiscales y jueces; se reparten cuotas de poder; se aprueban leyes, etc. El mercado de la política.

El factor que facilita que todo aquello suceda, la clave del distanciamiento entre la decisión política y nosotros, es lo que algunos llaman “ignorancia racional”. Siguiendo este planteamiento, la falta de interés del ciudadano en las cuestiones del gobierno se puede comprender como el resultado de un rudimentario estudio costo-beneficio: Para la mayoría de nosotros, enterarse a fondo de la actualidad política es muy costoso , porque requiere tiempo y esfuerzo; y poco beneficioso , dado que la probabilidad de cambiar la situación a través del voto (cauce común de participación) es muy reducida. Además, el debate público se refiere a cuestiones complejas que, a pesar de su trascendencia social, no nos afectan directamente y, por lo tanto, no requieren de nuestra urgente atención. ¿Autonomías?, ¿migración?, ¿Plan Colombia? ¿TLC?, ¿izquierda?, ¿derecha?, ¿Chávez?, ¿Estados Unidos?, ¿consulta popular?, etc. Bastante abrumados estamos ya con nuestras actividades inmediatamente productivas, es por ello comprensible que decidamos racionalmente mantenernos ignorantes.

El ciudadano que ha elegido ser un ignorante racional se plantea la siguiente alternativa: apegarse ciegamente al criterio de “otros” o abstenerse de participar. Aprovechando esta situación, existen muchos colectivos vinculados por intereses comunes, bien organizados y con fuertes incentivos para intentar influir en las decisiones del gobierno. Las autoridades necesitan devolver favores de campaña, tanto a sus benefactores económicos como a sus aliados políticos. Por ello, es muy frecuente que se adopten medidas que poco se acercan a los “altos intereses de la nación”, pero que otorgan jugosas ventajas a determinados conglomerados. Los ejemplos abundan. ¿Dónde quedan los intereses de la clase media consumidora (la mayoría de nosotros), obligada a pagar bienes más caros sólo porque un puñado de productores locales logra convencer al gobierno para que aplique aranceles u otras medidas restrictivas que suplan su incapacidad para afrontar la competencia extranjera? ¿Cuántos contratos de endeudamiento externo fueron firmados por funcionarios corruptos, bajo la presión de grupos de interés locales comprometidos con las entidades que otorgaban los créditos (ello sumado a la ignorancia de las autoridades negociadoras)? Generación tras generación, millones de habitantes de países pobres, sin saberlo, ven postergadas sus necesidades inminentes para hacer frente a obligaciones usureras.

Mientras todo eso sucede, las formalidades de la democracia hipnotizan nuestra capacidad de reflexión. Los procesos usuales de deliberación pública se convierten en fórmulas mágicas de legitimación. La supuesta voz de la imaginaria mayoría lo decide y justifica todo, ficción que asumimos mecánicamente.

Eso que conocemos como “opinión general” se traduce en una repetición irreflexiva de discursos tecnócratas difundidos por los medios de comunicación, normalmente demasiado ocupados con las demandas del mercado publicitario o, peor aún, rehenes de los afectos corporativos de sus propietarios. Como decía un brillante intelectual colombiano, Nicolás Gomez Dávila, “los medio actuales de comunicación le permiten al ciudadano moderno enterarse de todo sin entender nada”. Las discusiones cotidianas se convierten en una repetición maquinal de argumentos de otros (partidos, analistas, etc.). Así, el estudiante se encapsula fieramente en los axiomas de grupos radicales de izquierda; el empresario, con dejo de soberbia, culpa al gobierno y a los sindicatos; el obrero, ensayando aura de victimismo, responsabiliza al empresario; etc. El siguiente paso obvio, la polarización emocional de unos y otros, materializada en enconadas disputas verbales, irrelevantes en el mejor de los casos. El radicalismo, fruto preferido de la ignorancia (de todos, ricos y pobres), se disfraza de ideología. Bien decía el magistral Ortega y Gasset: “Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral”

Restando quijotismos ingenuos, lo cierto es que los ignorantes racionales vamos a seguir existiendo, y los grupos de interés van a seguir aprovechándose de nosotros. Se seguirán tomando decisiones, imponiendo impuestos, asumiendo gastos, prohibiendo y permitiendo, contrayendo deudas impagables, todo por y para nosotros. La única solución para nuestra condición humana radica en indagar medios institucionales que aclaren y simplifiquen el dialogo político. Profundizar el proceso de descentralización política, acercando así el centro de poder a los gobernados, constituye sin duda uno de los caminos hacia una verdadera democracia. Aproximar el poder político al ciudadano es arrebatárselo a las “élites” políticas que tan poco han hecho por el país.

Vale la pena prestar atención a las reflexiones de Buchanan. Criticadas por muchos, sus ideas no pretenden reinventar la rueda de la teoría política, pero sí practicar un análisis realista, alejado de obstinados enfoques que se contentan con intentar refinar las cláusulas de un idílico contrato social, excepcionalmente vigente en nuestra sociedad.