Escoger por concurso a los 500 mejores abogados menores de 30 años de todo el país. Enviarlos a todos, becados, a una Escuela de Jueces por 5 años: 4 en España y 1 en Chile. Durante los 5 años de formación, cada uno recibirá un depósito en una cuenta de ahorros por 2.000 dólares, con lo cual, cuando termine el proceso de formación, todos los que lo aprueben regresarán al Ecuador y tendrán ahorrados ciento vente mil dólares. Con ese dinero podrán comprar una casa de hasta cincuenta mil dólares y un auto de hasta veinticinco mil dólares. El resto lo podrán utilizar en un período no menor a 3 años.
Estos nuevos jueces serán profesionales con una formación superior, envidiable, al nivel de los mejores jueces de los países desarrollados. Serán, por supuesto, mejores que la generalidad de abogados del Ecuador, lo cual es una necesidad imperiosa, ya que los jueces, por las funciones que cumplen, deben ser seres superiores.
Estos nuevos jueces recibirán una remuneración mensual de cinco mil dólares y serán vitalicios. Sus reemplazantes, en número debidamente analizado (en función de fallecimientos o destituciones) deberán tener el mismo proceso de formación.
Si estos jueces decidieren renunciar, para dedicarse a actividades privadas, deberán reembolsar al Estado lo que éste invirtió en ellos.
Para lograrlo será necesario dictar una ley que contemple el sistema y que asigne los recursos para el efecto. Así mismo, actos de corrupción de estos jueces deberán ser tipificados como de traición a la Patria y merecer las máximas sanciones que la ley contemple.
De este modo, en pocos años, se habrá transformado verdaderamente el sistema judicial, con lo cual terminará la impunidad y entonces sí podrá combatirse efectivamente la corrupción tanto en el sector público como en el sector privado.
Todo el proceso no cuesta más de 100 millones de dólares, valor mucho menor al que se pierde anualmente por la corrupción y por la impunidad.
Similar proceso debe efectuarse con los fiscales. |
